Diputados presentaron dos proyectos de ley que apuntan directamente a los beneficios otorgados a ex presidentes, en medio de las denuncias contra Fernández por violencia de género y presuntos hechos de corrupción.
El bloque de diputados del PRO, encabezado por figuras como Silvana Giudici y Damián Arabia, ha tomado la iniciativa de presentar dos proyectos de ley que podrían cambiar las reglas del juego para los exmandatarios en Argentina. Estas inicitivas tienen como principal objetivo la eliminación de la pensión de privilegio, los honores y la custodia que actualmente goza Alberto Fernández tras su paso por la presidencia.
Este movimiento legislativo se enmarca en una situación tensa tras la denuncia por violencia de género que realizó la ex primera dama, Fabiola Yáñez, contra el ex mandatario.
Además, la propuesta busca responder a las investigaciones en curso sobre presuntos actos de corrupción vinculados a Fernández durante su mandato, en los que están implicados su exsecretaria privada, María Cantero, y su esposo, Héctor Martínez Sosa, broker de seguros.
Detalles de las propuestas y sus implicancias
El primero de los proyectos, liderado por Silvana Giudici, propone una modificación a la Ley 24.018, la cual regula las pensiones vitalicias para expresidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa sugiere que cualquier exmandatario condenado en segunda instancia por delitos de corrupción, incumplimiento de deberes o delitos contra la integridad sexual, pierda automáticamente el derecho a la pensión vitalicia, así como a la custodia asignada.
Por su parte, el proyecto presentado por Damián Arabia, aunque comparte el espíritu de eliminar privilegios, introduce diferencias significativas. Arabia propone que la remoción de estos beneficios se aplique desde el momento en que se produzca un procesamiento penal, sin esperar a una condena firme. Además, su propuesta no incluye la eliminación de la custodia, lo que marca una clara distinción con el proyecto de Giudici.
Repercusiones
Los miembros del PRO defienden la necesidad de ajustar los beneficios a la conducta de quienes han ocupado la más alta magistratura del país. Los proyectos deberán atravesar un proceso legislativo que incluye su discusión en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Previsión Social y Legislación Penal.
En paralelo, los legisladores del PRO trabajan para unificar ambas propuestas en un solo documento que pueda contar con el respaldo necesario para su aprobación.