La Asamblea Legislativa de El Salvador prorrogó por vigésima vez un régimen de suspensión de derechos constitucionales usado por el presidente Nayib Bukele en una polémica «guerra» a las pandillas que condujo al arresto de 73.800 presuntos miembros de esas bandas criminales.
«Prolóngase en todo el territorio nacional el régimen de excepción», consigna el decreto que fue aprobado anoche por 67 votos a favor en el congreso unicameral de 84 escaños.
Se trata de la vigésima prórroga, que estará vigente desde el 13 de noviembre hasta el 12 de diciembre.
Según el decreto, el régimen debe seguir en virtud de que la «amenaza sigue presente» y para dar continuidad al «restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial».
En junio, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las reiteradas prórrogas del estado de excepción en El Salvador, y pidió que se levante esa medida que «elimina el derecho a un juicio justo».
Marta Hurtado, vocera del organismo internacional, afirmó en una rueda de prensa en Ginebra, sede de la ONU, que la medida debilitaba al Estado de derecho y la integridad del sistema legal.
El diputado Guillermo Gallegos, cercano al oficialismo, se congratuló de votar por la extensión del régimen tras señalar que las pandillas eran «el cáncer que nos había carcomido nuestra sociedad» y que llevó a la muerte a «miles de salvadoreños», informó la agencia de noticias AFP.
El Salvador proclamó el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción en respuesta a una ola de violencia que en pocos días se cobró la vida de más de 80 personas, en un contexto de años de violencia a mano de las maras, bandas criminales cuyas actividades incluyen narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo, violaciones y asesinatos por encargo, entre otras.
En 19 meses, la medida, que permite detenciones sin orden judicial, suma más de 73.800 presuntos pandilleros detenidos.
Más de 7.000 inocentes han sido liberados.
Tanto organizaciones de derechos humanos como la Iglesia Católica han criticado los métodos usados por el presidente Bukele, que incluye la eliminación de las garantías constitucionales y el sometimiento a tratos inhumanos dentro de las prisiones.
Diferentes encuestas de universidades establecen que en promedio 9 de cada 10 salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción. (Télam)