En un contexto de marcada inactividad en el Senado, donde las comisiones han operado a mínimos y el recinto permanece inactivo desde el 26 de septiembre, este miércoles se reanuda la discusión sobre la ley antimafias, una normativa orientada a combatir el crimen organizado, la cual ya cuenta con media sanción de Diputados.
La cita será en el Salón Illia, a las 13 horas, en un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, liderada por la radical Carolina Losada, y de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto. Al encuentro asistirán Carlos Alberto Manfroni, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad, y el doctor Marcelo Luis Serghini, especialista en defensa y seguridad.
Este plenario da continuidad a una reunión mantenida hace tres semanas, cuando las comisiones debatieron con funcionarios sobre el proyecto antimafias, además de revisar otros temas importantes. Entre estos, se abordó la regularización de la tenencia de armas y la extensión del Programa de Entrega Voluntaria. También se analizaron iniciativas para establecer un marco legal sobre el desarmado de automotores y la venta de autopartes, asuntos que este miércoles podrían recibir un dictamen unificado.
El Proyecto Antimafias y sus Alcances
El proyecto de ley antimafias, impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, tiene el objetivo de proporcionar al Estado herramientas específicas para investigar y castigar a las organizaciones criminales. Según el texto, se considerará como tal a grupos de tres o más personas que operen de manera concertada y con intenciones de cometer delitos graves en territorios específicos y bajo modalidades determinadas.
En cuanto a las sanciones, la normativa establece penas de entre 8 y 20 años de reclusión o prisión para quienes “tomen parte, cooperen o ayuden en la formación o mantenimiento de una asociación ilícita”. Además de delitos como el lavado de activos, homicidios, secuestros, trata de personas y otros similares, el proyecto suma a la lista varias infracciones contra la administración pública, incluyendo cohecho, tráfico de influencias, sustracción de fondos públicos, y enriquecimiento ilícito. También incorpora delitos contra la integridad sexual y la propiedad, y contempla sanciones para la comercialización de órganos, en línea con la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos.
La Investigación Especial
El texto de la ley autoriza a la Fiscalía Federal, las procuradurías y las unidades fiscales especializadas, junto con el Ministerio de Seguridad, a solicitar investigaciones especiales que deberán ser validadas por una autoridad judicial competente. Estas investigaciones podrán limitarse a una zona geográfica específica, que podría abarcar una o más ciudades, y extenderse de ser necesario.
Si los delitos se encuentran bajo la jurisdicción provincial, el Ministerio Público Fiscal y el gobernador de la provincia o el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrán solicitar la investigación especial, sujeta a la autorización de jueces locales. En caso de aprobarse, las actuaciones judiciales pasarán a la órbita federal, según lo establece el proyecto.