El exmandatario cumplía una condena de 25 años de prisión por «crímenes contra la humanidad» en el penal de Barbadillo, en las afueras de Lima.
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este martes la liberación «inmediata» del expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, quien cumple una pena de 25 años de prisión por «crímenes contra la humanidad».
«Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad», indicó el tribunal en la resolución difundida a los medios.
Fujimori cumple desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después la Justicia revocó el beneficio
Además, fue condenado por homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y permanecía recluido en el penal de Barbadillo en el distrito de Ate, en Lima.
En octubre del 2018, un juzgado de la Corte Suprema declaró la no aplicación del indulto otorgado en 2017, por lo que posteriormente fue reingresado al establecimiento penitenciario. Desde entonces se han venido presentando recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.
En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender un recurso de hábeas corpus. Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano no liberar al exmandatario.
El viernes, luego de tres días de polarización e intenso debate mediático y ciudadano por su posible liberación, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, había rechazado la excarcelación del mandatario.
Con la decisión de liberar a Fujimori, el máximo tribunal declaró fundado el hábeas corpus a favor de su indulto que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual mediante la detención arbitraria.
Si bien el tribunal reconoció la gravedad de los delitos por los que fue condenado, resaltó que se le concedió el indulto humanitario en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022.
De acuerdo con la resolución, esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración del derecho fundamental.
Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien cumplió aproximadamente dos terceras partes de su condena.
En marzo de 2022 el Tribunal Constitucional consideró válido el indulto, decisión que permitía la liberación de Fujimori. El 7 de abril de 2023, la Corte IDH ordenó que el Perú no implementara la sentencia del TC.
La semana pasada la Corte IDH requirió al Estado peruano que informe cómo se cumplió esa resolución. “Siguiendo instrucciones del presidente de Tribunal, se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la Resolución de 7 de abril del 2023”, detalló la Corte IDH en un documento reproducido entonces por el diario oficial El Peruano.
Sin embargo, el fallo del Tribunal Constitucional publicado este martes considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado.
El pedido se conoció un día después de que el TC rechazara una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia y, de ese modo, dejara abierta la posibilidad de excarcelarlo.
A su vez, el Ministerio de Justicia afirmó la semana pasada que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte acatará la decisión del juez.