El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en ejercicio de las facultades de Superintendencia y Control Judicial, resolvió expresar su repudio institucional ante hechos denunciados por la Dra. Sara López Douglas, jueza de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, quien manifestó haber sido víctima de situaciones de violencia, hostigamiento y amenazas por parte de un abogado del foro local.
Según surge de las actuaciones administrativas, la magistrada informó que el episodio principal ocurrió el pasado 11 de abril de 2026, cuando habría sido interceptada en la vía pública por el letrado quien, de acuerdo a la presentación, le dirigió expresiones intimidatorias y descalificantes vinculadas a decisiones judiciales adoptadas en causas en las que intervino. Asimismo, señaló que posteriormente continuaron las conductas amenazantes mientras se desplazaba junto a otros magistrados.
En la presentación, la jueza también hizo referencia a un episodio anterior ocurrido durante el año 2025, donde habría existido una situación similar en un ámbito privado. Además, informó que formuló una denuncia penal en el marco de violencia de género y que se dispusieron medidas de protección a su favor por el término de 120 días.
Al analizar las actuaciones, el TSJ señaló que las facultades disciplinarias de superintendencia respecto de profesionales auxiliares de la justicia se encuentran limitadas a conductas desarrolladas dentro del ámbito específico del ejercicio profesional y en relación con la actividad judicial. En ese sentido, concluyó que los hechos denunciados habrían ocurrido en circunstancias ajenas al ejercicio directo de la función jurisdiccional, por lo que el Alto Cuerpo carece de competencia disciplinaria para intervenir respecto de personas no sujetas a su potestad de superintendencia.
No obstante ello, el máximo órgano judicial provincial remarcó la gravedad institucional de los hechos expuestos y manifestó expresamente su solidaridad con la magistrada afectada, repudiando todo acto de violencia, hostigamiento o menoscabo hacia integrantes de la Función Judicial.
Finalmente, mediante el acuerdo administrativo dictado, el Tribunal resolvió remitir copia certificada de las actuaciones al Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja y al Ministerio Público Fiscal, a fin de que dichos organismos evalúen la eventual intervención dentro del marco de sus competencias.