El panorama de las rutas nacionales en Argentina ha alcanzado un punto de no retorno según la denuncia presentada por Emiliana McNamara, secretaria general de SEVINA en MEDIOS RIOJA. Bajo la consigna de una «Emergencia Vial», el Frente de Unidad Gremial y Social ha expuesto una realidad cruda: el deterioro de la infraestructura vial no es solo un problema de logística o presupuesto, sino una tragedia humanitaria que se cobra vidas diariamente.
La comparación utilizada por McNamara para ilustrar la gravedad del asunto es estremecedora. La dirigente sostiene que, al analizar las estadísticas de víctimas fatales en siniestros viales, las cifras ya superan las bajas sufridas durante la Guerra de Malvinas. Esta métrica pone de manifiesto que la falta de mantenimiento y de visión estratégica en las obras públicas ha transformado a las carreteras del país en escenarios de peligro constante para miles de usuarios.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el destino de los fondos públicos. Se señala que la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con un sistema de autofinanciamiento proveniente del uno por ciento de todos los seguros; sin embargo, existe una profunda incertidumbre sobre el paradero de esos recursos. Para los gremios, ese dinero parece estar siendo desviado para engrosar el superávit fiscal en lugar de ser invertido en prevención, control y mejoras estructurales indispensables.
La situación sobre el terreno refleja este desfinanciamiento. Actualmente, el 75 por ciento de las rutas nacionales se encuentra en mal estado, mientras que un 35 por ciento adicional oscila en una calificación de regular a malo. Casos puntuales, como el de la Ruta 38 en su tramo por La Rioja, evidencian las consecuencias directas de licitaciones frenadas y créditos cortados que han dejado obras vitales en el olvido.
Finalmente, el reclamo no se limita únicamente a la seguridad de los conductores. Los trabajadores de Vialidad Nacional denuncian un achicamiento sistemático de las áreas operativas y una lucha constante por condiciones salariales dignas. En este contexto, la alianza entre organismos y grupos de autoconvocados busca forzar un cambio de rumbo en las políticas públicas antes de que el estado de las rutas, ya crítico, se vuelva irreversible.