El reclamo por medicación oncológica no entregada dejó más de 60 muertos. Pacientes y médicos exigen respuestas del Ministerio de Salud.
En un contexto de creciente preocupación por la salud pública, colectivos de pacientes, gremios y sociedades científicas realizarán este martes un «abrazo a la salud pública» frente al Ministerio de Salud para exigir la entrega inmediata de medicamentos esenciales para pacientes oncológicos y personas con enfermedades graves. Según denuncian las organizaciones, más de 60 personas murieron en 2024 debido a la interrupción de tratamientos oncológicos provocada por la falta de medicación proporcionada por el Estado.
Un reclamo urgente por vidas perdidas
El reclamo viene siendo elevado desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, cuando se decidió paralizar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), la entidad encargada de distribuir medicamentos de alto costo a quienes los necesitaban. A raíz de esta decisión, más de mil pacientes oncológicos y con enfermedades raras se vieron privados de los tratamientos que les garantizaban la posibilidad de sobrevivir.
Jorge Yabkowski, médico y secretario general de FESPROSA, explicó que los recortes en el programa generaron una dramática situación: «Eran más de mil expedientes a los cuales se les cortó la medicación. Obviamente, eran enfermos graves y al cortarle la medicación durante meses, eso provocó esta cantidad de fallecimientos», señaló Yabkowski. De acuerdo a los datos presentados por las organizaciones, más de 60 personas perdieron la vida debido a la falta de acceso a medicación esencial.
El fallo judicial y la respuesta del Gobierno
A pesar de las denuncias, las organizaciones de pacientes decidieron llevar el caso a la Justicia, presentando un amparo en abril para exigir que el Gobierno entregara los medicamentos de manera inmediata. En diciembre, el juez Marcelo Bruno Dos Santos emitió un fallo que obligaba al Gobierno a resolver los pedidos de medicamentos y subsidios demorados. Sin embargo, el 3 de enero, el Ejecutivo apeló el fallo, argumentando que las provincias debían asumir la responsabilidad y que las asociaciones de pacientes no tenían legitimidad para reclamar.
Este rechazo gubernamental y el atraso en las respuestas oficiales han generado una enorme incertidumbre. «No sabemos si el Estado se hará cargo de la situación ni de los mil expedientes vigentes», explicó Yabkowski. Las organizaciones de pacientes y sociedades científicas temen que, de no haber una respuesta rápida, la cifra de muertes siga aumentando.
Los efectos secundarios: enfermedades y salud pública en riesgo
La situación no solo afecta a quienes padecen cáncer y otras enfermedades graves, sino que también tiene repercusiones sobre la salud pública en general. Según Yabkowski, los recortes en el suministro de medicamentos y la falta de respuesta del Gobierno contribuyen al crecimiento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la hepatitis y el VIH.
En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, los casos aumentaron un 11,94% en 2024 en comparación con el año anterior, con un crecimiento alarmante de la tuberculosis multirresistente. Por otro lado, más de 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C, pero solo el 30% de ellos ha recibido un diagnóstico.
Con el objetivo de visibilizar la gravedad de la situación y presionar al Ministerio de Salud para que cumpla con la medida cautelar dictada por el juez, los colectivos de pacientes y médicos convocan a una manifestación este martes en la puerta del Ministerio. «Si no tenemos respuestas, seguramente la lista de enfermos graves y fallecidos puede aumentar», advirtieron. Además, se alertó que el presupuesto destinado a enfermedades como la tuberculosis y hepatitis para 2025 ha disminuido un 76% en comparación con 2024, lo que aumenta los riesgos para toda la población.