El representante del Ministerio Público Fiscal dialogó con MEDIOS RIOJA, y aclaró que el procedimiento se inició por una denuncia de violencia de género y apuntó contra la Dra. Inés Brizuela y Doria por «obstaculizar» el operativo.
Según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal, el sujeto involucrado tenía restricciones específicas que le prohibían realizar actos de molestia. Si bien no existía una exclusión total de presencia, la orden judicial era clara respecto al comportamiento esperado: “La persona limitada por esa medida no puede molestarla ni intimidarla”, subrayó Aguirre, confirmando que la disposición entró en vigencia el pasado 20 de marzo.
Respecto a la celeridad del procedimiento, el fiscal defendió la actuación policial bajo la modalidad de flagrancia, destacando el marco legal que rige en la provincia para estos casos. Al respecto, señaló que en cuestiones de violencia de género se debe actuar con máxima prioridad, afirmando que “el gobierno provincial asumió serios compromisos en cuanto a la protección integral de la mujer, con premura, con urgencia, para que prime la seguridad”.
Uno de los puntos más controvertidos fue el uso de la fuerza y las esposas durante la detención de Bordón, un detalle que el fiscal no dio por cerrado. Al ser consultado sobre este accionar, Aguirre aclaró que “en el momento no hubo orden que fuera esposado”, indicando además que las circunstancias del traslado y el trato policial son elementos que “hay que conversarlo en forma paralela” a la causa principal.
La situación alcanzó su pico de tensión con la llegada de la Dra. Inés Brizuela y Doria, quien asumió la defensa del detenido en el lugar. El fiscal denunció que la abogada intentó impedir el avance de la justicia de manera física. “Ella obstaculizó el traslado del ciudadano detenido. Dijo que se iba a tirar sobre el móvil si se lo llevaban, empujó al móvil y antepuso su persona ante los oficiales”, relató el funcionario.
Ante la resistencia de la letrada, el Ministerio Público Fiscal debió tomar medidas para garantizar que el detenido fuera trasladado a la dependencia correspondiente. González Aguirre aclaró que, pese a los incidentes y el forcejeo reportado, la decisión no fue privarla de su libertad de forma permanente: “No se ordenó la detención de la abogada, sino que se aplicó una medida momentánea” para permitir la salida del vehículo policial.
El fiscal también se tomó un momento para responder a las versiones que sugerían una persecución con trasfondo partidario debido a la relevancia pública de los actores involucrados. Con firmeza, descartó cualquier tipo de presión externa al asegurar: “Nadie de la política me llamó, de ningún sector ni partido. Actué de modo objetivo aplicando todo lo que la ley indica”, buscando así desmarcar el caso del ámbito político-electoral.
Finalmente, la investigación se encuentra ahora en una etapa de recolección de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades de cada parte. Aguirre concluyó señalando que “la investigación está en estado inicial, sujeta a declaraciones de personas que fueron testigos”, y anticipó que se buscará dilucidar por qué existió una demora de quince días entre el dictado de la orden judicial y su notificación efectiva al denunciado.