Una medida cautelar impulsada por referentes radicales obliga a reliquidar las boletas de luz para los usuarios amparistas de ambos departamentos. Desde la UCR advierten por aumentos desmedidos de hasta 800 mil pesos en hogares que dependen exclusivamente de la electricidad ante la falta de gas natural.
La Justicia hizo lugar parcialmente a una acción de amparo presentada por Ramón Brizuela y Doria y Gustavo Galván, ordenando retrotraer y mantener la tarifa de la luz para los usuarios residenciales de Chilecito y Famatina que suscribieron la medida. Así lo informó en MEDIOS RIOJA, la diputada provincial por la UCR, Gabriela Rodríguez, quien detalló que la resolución judicial frena los cortes y exige una nueva liquidación de las facturas correspondientes al consumo de julio —entregadas en agosto—.
«La Justicia dio lugar a esa acción rápida, expedita porque se vulneraba un derecho constitucional, en la reforma reciente, donde establece que la energía eléctrica es un derecho constitucional», destacó la legisladora, al tiempo que apuntó contra los incrementos confiscatorios que sufrieron los vecinos: «Gente que paga 30 mil, les vinieron 200 mil», y advirtió que tras los reclamos iniciales «vinieron facturas de 800 mil pesos».
Una situación insostenible en invierno Rodríguez explicó que el impacto de los aumentos se agrava drásticamente debido a las condiciones climáticas y de infraestructura de la región cordillerana, donde la demanda se dispara por las bajas temperaturas: «Todo el mundo tiene incremento de la demanda, por el frío, hay mayor consumo […] Todos tienen caloventor, heladera, y en invierno, se prende un aparato, y otro a la noche. No hay gas natural, todo es con electricidad».
Asimismo, la diputada cuestionó duramente el accionar de la empresa estatal de servicios públicos: «Además, EDELaR nunca dio la información que debe dar, porque es una empresa de estado, de servicio público», y sentenció que «no hay razonamiento lógico en este tipo de facturas».
Sobre el alcance de la medida judicial, aclaró que «alcanza únicamente a los amparistas que presentaron la documentación en la justicia» y especificó que se trata de boletas de casas de familia: «Todos son residenciales, son boletas de luz de casas de familia, no conozco que sean comerciantes».
Por otro lado, cuestionó la ausencia de mecanismos institucionales de protección ciudadana en la provincia: «Es una acción que se debería llevar adelante por el defensor del pueblo de la Provincia que siempre, es puro acto, pero la figura del defensor del pueblo en La Rioja, nunca existió. El defensor no tiene que ser seguidor del gobernador de turno, sino alguien del pueblo que lleve este tipo de medidas ante trámites que atenten contra la gente».
Emergencia vitivinícola: un sector en «estado terminal» En otro orden de temas, la diputada provincial anunció que presentó formalmente un proyecto en la Legislatura para declarar la emergencia vitivinícola en la región, advirtiendo sobre la gravedad de la crisis económica que atraviesan los productores del Valle.
«El sector tiene un problema ni grave ni complejo, sino terminal», afirmó Rodríguez, y remarcó la importancia social y económica de la actividad: «Es una cadena que involucra a mucha gente, desde el trabajador, el obrero rural, gente que vende insumos, el pequeño productor, bodegueros».
Finalmente, enfatizó la necesidad de preservar la producción local frente al abandono institucional: «Es un sello identitario de la gente del valle, de muchos años, de siglos que trabaja de esta manera con torrontés, vinos premiados, el Nacarí; por eso pedí formalmente que se constituya la comisión de turismo en Chilecito».