La investigación judicial por el préstamo de USD 57.100 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 volvió a activarse en los tribunales federales. El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, solicitó que se revoque el archivo de la causa y se reactive la investigación contra el expresidente Mauricio Macri y varios de sus exfuncionarios.
Los funcionarios imputados
En el expediente están imputados, además de Macri, el actual ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, ambos con antecedentes como presidentes del Banco Central durante la gestión de Cambiemos.
También figuran el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el exjefe de Gabinete Marcos Peña y el ex titular del BCRA Guido Sandleris, entre otros exfuncionarios.
La causa se inició en 2019 y apunta a determinar si hubo irregularidades en el trámite administrativo del acuerdo y en el posterior manejo de las divisas.
Del archivo al pedido de indagatorias
A principios de febrero, la jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó la causa al considerar que se trató de una decisión política no judicializable.
En su resolución sostuvo que “no se advierte (…) la acreditación de extremos que permitan afirmar, con la entidad suficiente, la existencia de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público”.
La fiscalía, en cambio, sostiene una postura opuesta. Picardi afirmó en su apelación que existe una “posible plataforma criminal” que habría quedado acreditada a lo largo de la investigación y que el expediente está en condiciones de avanzar hacia nuevas instancias procesales, incluso con llamados a indagatoria.
Agüero Iturbe adhirió a esos fundamentos al considerar que “abordan con precisión y suficiencia los distintos aspectos de la cuestión controvertida” y solicitó formalmente que se revoque el archivo.
Las sospechas sobre el destino de los fondos
Uno de los ejes centrales de la investigación es el destino de los dólares desembolsados por el organismo multilateral.
Según el Ministerio Público Fiscal, podrían haberse configurado delitos de abuso de autoridad y administración fraudulenta, con un eventual incumplimiento de normas constitucionales vinculadas a la toma de deuda.
La fiscalía también puso el foco en presuntas “relaciones viciadas” entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central, señalando que distintas resoluciones habrían habilitado transferencias de capitales hacia sectores privados que no formaban parte del objetivo original del acuerdo con el FMI.
En ese marco, la Cámara Federal deberá definir si confirma el archivo dispuesto por Capuchetti o si reactiva la investigación y habilita una nueva etapa procesal, con impacto directo sobre exfuncionarios de Cambiemos y actuales ministros del gobierno de Javier Milei.