El gobierno continúa con la investigación interna sobre la quinta caja más importante del Estado: la Agencia Nacional de Discapacidad. La justicia investiga cómo funcionaba el «negocio» de la discapacidad, ocasionando una pérdida de 1,355 millones de pesos al año.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cruzó datos con el padrón del ex ministerio del Interior y se encontró con que 150 personas que habían muerto hasta cinco años atrás cobraban una pensión por discapacidad.
En esa misma línea, semanas atrás, la agencia había detectado que 212 pensionados estaban presos. O sea, procesados y condenados recibieron una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Las auditorías internas llegaron a los tribunales de Comodoro Py.
A pesar de los controles internos, las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad recibieron feroces críticas desde los medios de comunicación alineados con el kirchnerismo por el “recorte en las pensiones”.
Pero según Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, el último año del gobierno de Alberto Fernández, la inflación fue del 211,4%, pero los aumentos a prestadores solo alcanzaron el 82,50%. O sea, quedaron 129 puntos por debajo de la inflación. Sin embargo, los prestadores no se movilizaron hasta febrero de 2024 tras el cambio de autoridades en la ANDIS.
Este año, primer año del gobierno de Javier Milei, “con una inflación acumulada del 107%, la nueva gestión otorgó aumentos por un 99,11%, quedando solo 8 puntos por debajo. A pesar de esto, ya se realizaron dos movilizaciones contra la gestión”, explican las autoridades de ANDIS a la Agencia Noticias Argentinas.
Se acusa a la nueva gestión de ANDIS de realizar «recortes», pero la primera acción fue convocar al directorio y establecer aumentos, agregan mientras presentan documentación sobre las últimas irregularidades encontradas al cruzar los datos de los beneficiarios de pensiones por invalidez.
Una auditoría de ANDIS detectó 150 beneficiarios fallecidos que figuraban con prestaciones activas, algunos con hasta 1.800 días de fallecimiento. Esto significa, casi cinco años después de fallecer, alguien cobró, durante ese tiempo, una pensión por invalidez. El fraude provocó un costo, aproximado, de 1.355 millones de pesos. Ese dinero fue cobrado por 102 instituciones prestadoras en todo el país.
Hasta el momento, el gobierno procedió a la baja directa de estos beneficiarios. No sólo de los últimos casos que involucran a personas fallecidas sino también a los presos que recibían pensiones.
Entre los casos más llamativos se encuentra el de un hombre de 40 años, residente en La Matanza. Había recibido una pensión solo tres días después de iniciar el trámite el 28 de noviembre de 2023, incluso a pesar de que su auditoría médica resultó desfavorable, indicando que no cumplía con los requisitos necesarios.
En las investigaciones se repiten las autorizaciones realizadas por Paula Martínez, la ex directora Nacional de Apoyo y Asignación Económica. Manejó 3400 millones de dólares en la asignación de pensiones por invalidez en todo el país. Era la quinta caja más jugosa de la Argentina detrás de ANSES, PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y el ex Ministerio de Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz.
Durante su gestión, se entregaron 300 mil nuevas pensiones, miles de ellas, en los días finales de la gestión de Alberto Fernández.
El fiscal Guillermo Marijuán investiga el marco legal por el que se modificó la normativa para flexibilizar los controles.