Intendentes de todo el país repudiaron la condena a Cristina Kirchner y acusaron a la Corte de actuar como “Partido Judicial”. Leé los detalles.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 intendentes de todo el país, emitió un durísimo comunicado en rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
Los jefes comunales advirtieron que «democracia con proscripciones no es democracia» y afirmaron que la sentencia “no se trata de una decisión judicial, sino de una acción política disfrazada de legalidad”.
«Un ataque al corazón de la democracia federal»
Bajo el título “Democracia con proscripciones no es democracia”, el documento difundido por la FAM —presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza— expresó que la decisión del máximo tribunal argentino representa un ataque directo a la institucionalidad.
“Cuando se persigue judicialmente con una causa inventada y plagada de irregularidades a una dirigente elegida por el pueblo, se golpea el corazón de la democracia federal”, remarcaron los intendentes. También alertaron que la decisión judicial busca “disciplinar a quienes se atrevan a enfrentar al poder económico y a los privilegiados de siempre”.
La Federación denunció una supuesta persecución política contra Cristina Kirchner, al considerar que la expresidenta está siendo juzgada por representar los intereses populares y defender un modelo de país basado en la soberanía nacional, la justicia social, las pymes, los trabajadores y los jubilados.
En esa línea, sostuvieron que la condena busca inhabilitarla para competir en las elecciones legislativas de septiembre, en las que ya había anunciado su candidatura por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.
Los intendentes también sumaron argumentos jurídicos para respaldar su posición: cuestionaron la imparcialidad del proceso, la falta de pruebas directas contra Fernández de Kirchner y la ausencia de peritajes técnicos sobre las obras públicas investigadas.
En particular, señalaron que:
No se comprobó que las obras no se hubieran realizado ni que tuvieran sobreprecios.
No se peritaron las 51 rutas adjudicadas al Grupo Austral de Lázaro Báez.
El presupuesto fue aprobado por el Congreso y las partidas extra, ratificadas legalmente.
No se probó que Cristina Kirchner haya tenido participación directa: los testigos no lo confirmaron y las pruebas se basaron en mensajes indirectos entre Báez y José López.
“Defender a Cristina es defender la democracia”
Finalmente, la FAM sostuvo que el fallo pone en peligro la salud de las instituciones y llamó a una reacción política y social en defensa del sistema democrático.
“Desde todos los rincones de la Argentina, desde cada intendencia, comuna, organización u hogar, decimos con fuerza y claridad: Defender a Cristina es defender la democracia, la soberanía y el futuro”.