Documentos secuestrados por la Justicia llevan una firma atribuida a Gerardo León y contienen instrucciones para transferir fondos a 63 sociedades y dos personas físicas.
Trece órdenes de pago con el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la entidad, quedaron bajo análisis judicial por su presunta vinculación con el desvío de al menos 57 millones de dólares recaudados en el exterior, a través de empresas que habrían funcionado como sociedades fantasma.
Según una investigación publicada por La Nación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los documentos fueron secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre y marzo y contienen instrucciones dirigidas a TourProdEnter, la firma de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, para que transfiriera fondos a distintas personas y compañías «por cuenta y orden de AFA». En total, las órdenes abarcan a 63 sociedades y dos personas físicas.
Entre las principales beneficiarias aparecen cuatro LLC registradas en Florida —Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat— que recibieron más de 42 millones de dólares. Las firmas compartían domicilio en un edificio de oficinas de Miami y fueron disueltas en el registro societario de Florida dos días después de que La Nación revelara su existencia.
La investigación también identificó transferencias a otras compañías, entre ellas Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export.
La documentación también menciona a Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, conocido como «El Brujo» de la Selección, quien recibió 340.000 dólares desde cuentas de TourProdEnter entre 2024 y 2025.
Por otra parte, allegados a Gerardo León sostuvieron que la firma que aparece en los comprobantes fue falsificada y afirmaron que, durante el período de las transferencias, ya no se desempeñaba como director ejecutivo de la AFA, sino como asesor.
Consultada por La Nación, la AFA respondió que el tema «está todo en manos de la Justicia» y que debe resolverlo el Juzgado Federal de Campana. Mientras tanto, la documentación será contrastada con movimientos bancarios y facturas en el marco de pericias contables ordenadas en distintas causas judiciales, para determinar quién confeccionó y autorizó los pagos y quién controló a sus destinatarios.