La Justicia de Estados Unidos dio nueve días al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para retirar el muro de boyas alambradas que había instalado en el río Grande para impedir el paso de migrantes desde México, tres meses después de su instalación.
El tribunal federal con sede en Austin, capital de este estado sureño, coincidió anoche con los argumentos del Gobierno del presidente Joe Biden, que exigía la suspensión de la instalación de esta barrera.
Abbott anunció inmediatamente que apelaría la decisión de retirar las boyas del río Grande -también conocido como río Bravo-, diseñadas para girar si alguien trata de agarrarse a ellas y que, a cada lado, tienen unos discos metálicos dentados.
Esta barrera de boyas color naranja de unos 300 metros está tendida en el sector de Eagle Pass, que limita con la ciudad mexicana de Piedras Negras, uno de los tramos utilizados por migrantes para entrar a Estados Unidos y que conforma una frontera natural entre ambos países.
En su fallo, el tribunal federal prohibió a las autoridades estatales y a cualquier entidad que trabaje a su servicio «construir o agregar cualquier boya, barrera o estructura de cualquier tipo en el río Grande», en espera de una decisión de un tribunal superior sobre el fondo de la cuestión.
También ordenó «reubicar antes del 15 de septiembre» todos los elementos ya existentes que componen esta barrera flotante «en la orilla del Río Grande del lado de Texas», informó la agencia de noticias AFP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de México, que había informado en agosto pasado del hallazgo de dos cuerpos en la zona de estas boyas, expresó su acompañamiento a la resolución de la Justicia estadounidense.
«Nos mantendremos atentos a la resolución final y reiteramos la urgencia de retirar de manera definitiva las boyas en nuestra frontera compartida», reaccionó la cancillería mexicana en la red social X.
El juez justificó su decisión por los «daños causados por la barrera flotante», citando «las enormes tensiones que ha provocado en las relaciones entre Estados Unidos y México», así como «amenazas a la vida humana y obstrucción de la navegación libre y segura».
Además, la corte consideró «probable» que la sentencia de fondo sea favorable al gobierno federal estadounidense.
Su instalación en julio pasado generó una pronta controversia en el vecino país latinoamericano, donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la calificó de una «provocación» que viola la soberanía de su país.
Un mes después, un relevamiento topográfico realizado por una comisión oficial binacional reveló que la polémica barrera está, en su mayoría, del lado mexicano de esta frontera natural.
El Departamento de Justicia de Washington advirtió entonces que estas boyas representaban un problema humanitario y diplomático, porque van en contra de los tratados fronterizos celebrados con México.
«Estamos satisfechos de que el tribunal haya determinado que la barrera es ilegal y pone irremediablemente en peligro las relaciones diplomáticas, la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los agentes federales en el Río Grande y sus alrededores», reaccionó en un comunicado la fiscal federal Vanita Gupta.
Desde hace varios años, gobernadores y legisladores republicanos, Abbott entre ellos, denuncian la llegada de inmigrantes ilegales, calificándola de «invasión».
Abbott, duro crítico del presidente Joe Biden, causó revuelo cuando este año envió colectivos con migrantes hacia estados gobernados por demócratas.
Pero el Gobierno de Biden afirma que el número de cruces ilegales se redujo significativamente desde que se introdujeron nuevas normas para optar al derecho de asilo. (Télam)