La CGT recusó a dos camaristas y denunció un beneficio oficial tras el fallo que restituyó artículos clave de la reforma laboral impulsada por Javier Milei.
La Confederación General del Trabajo redobló su ofensiva judicial contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La central obrera presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un pedido de nulidad del fallo que devolvió vigencia a artículos clave de la norma y recusó a dos camaristas por presunta falta de imparcialidad.
El planteo apunta contra la resolución que suspendió la cautelar que había frenado parte de la ley y volvió a habilitar la aplicación de 83 artículos cuestionados por el sindicalismo.
La CGT recusó a los integrantes de la Sala VIII, Víctor Arturo Pesino y María Dora González, al sostener que ambos magistrados adelantaron opinión sobre el fondo del expediente antes de que se resolviera la cuestión principal.
En la presentación judicial, la central aseguró que la resolución contiene errores que “violentan la verdad jurídica” y denunció una presunta parcialidad en favor del Estado nacional.
El foco sobre Pesino
Uno de los puntos más sensibles del escrito apunta contra el camarista Pesino. La central obrera remarcó que, un día después de firmar el fallo, el Gobierno impulsó una prórroga de cinco años para que continúe en su cargo pese a haber alcanzado la edad jubilatoria.
Para la conducción sindical, esa decisión generó sospechas sobre la independencia del magistrado en una causa de alto impacto político y laboral.
El argumento de la nulidad
En un escrito de 25 páginas, la CGT sostuvo que la Sala VIII no tenía competencia para intervenir en el expediente y que debía actuar la Sala I del fuero laboral.
Según la presentación, la decisión fue adoptada sin respetar el procedimiento correspondiente ni dar tiempo a la parte demandante para objetar la intervención de esos jueces.
El abogado de la central obrera sostuvo que la actuación del tribunal mostró una “manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional”.
Desde Azopardo consideran que la resolución alteró el trámite natural del expediente y puso en riesgo la tutela judicial sobre derechos laborales protegidos por la Constitución.
La medida cautelar original había suspendido la aplicación de decenas de artículos de la reforma laboral aprobada por el oficialismo.
Entre los puntos cuestionados por la CGT figuran cambios en indemnizaciones, restricciones a la actividad sindical y modificaciones en la negociación colectiva.
La central sindical sostiene que la vigencia inmediata de la norma puede provocar daños irreparables para los trabajadores mientras la Justicia analiza la constitucionalidad del fondo del caso.
Por eso pidió que se restablezca la cautelar hasta que exista una resolución definitiva sobre la legalidad de la reforma.
El conflicto escala en la Justicia
La disputa judicial por la reforma laboral sumó así un nuevo capítulo en medio de la tensión entre el Gobierno y la dirigencia sindical.
Desde la CGT ya anticiparon que, si el planteo no prospera en la Cámara del Trabajo, evaluarán llevar el caso a la Corte Suprema e incluso a organismos internacionales.
La reforma laboral es una de las apuestas centrales de la administración de Javier Milei, pero su implementación continúa envuelta en cuestionamientos judiciales.
La nueva presentación sindical agrega presión sobre una de las iniciativas más sensibles del paquete de cambios impulsado por la Casa Rosada.