La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes el sobreseimiento definitivo de Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. Con esta decisión, el máximo tribunal cerró de manera definitiva un expediente que atravesó cuatro años de investigación y múltiples apelaciones.
La resolución también alcanza a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a ocho exagentes del organismo. De este modo, el tribunal dio por concluido uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años, con fuerte impacto político e institucional.
El fallo de la Corte y su alcance
El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por los familiares de las víctimas, quienes cuestionaban el sobreseimiento dictado por la Cámara de Casación. El fallo dejó firme la interpretación de que las tareas investigadas se realizaron en el marco de la seguridad presidencial y no constituyeron maniobras de inteligencia ilegal.
Con esta decisión, el caso queda cerrado en la órbita penal federal y se consolida el criterio de que las acciones de la AFI no vulneraron la Ley de Inteligencia Nacional. El fallo sienta además un precedente sobre los límites y controles judiciales a las actividades de seguridad del Estado.
Cómo se desarrolló la causa
La investigación se inició tras denuncias de familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, quienes afirmaron haber sido espiados durante sus reclamos públicos por el hallazgo del submarino. El proceso judicial comenzó en el Juzgado Federal de Dolores, donde en 2021 se dictó el procesamiento de Macri y los exjefes de la AFI.
Posteriormente, la causa fue trasladada a los tribunales federales de Comodoro Py, donde la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento y sostuvo que las tareas de seguimiento se enmarcaron en protocolos de seguridad institucional. En 2023, la Cámara de Casación Penal confirmó esa decisión, que ahora fue ratificada por la Corte Suprema.
Argumentos de la defensa y cuestionamientos
La defensa del expresidente sostuvo que las tareas de observación a los familiares del ARA San Juan no fueron actividades de espionaje, sino medidas preventivas vinculadas a la seguridad presidencial, ante posibles protestas en actos públicos.
Los querellantes y organismos de derechos humanos, en cambio, consideraron que se trató de una violación a la intimidad de las familias y una práctica abusiva de los servicios de inteligencia. La Corte no ingresó en ese debate y se limitó a ratificar la validez de las resoluciones judiciales previas.
Implicancias institucionales
El cierre definitivo de la causa marca un punto de inflexión en el control judicial sobre las tareas de inteligencia del Estado. Si bien la decisión no modifica la normativa vigente, reafirma la amplitud de interpretación que los tribunales pueden dar a las actividades de seguridad vinculadas al Presidente de la Nación.