La defensa de la enfermera Brenda Agüero, condenada a prisión perpetua por la muerte de cinco bebés y la descompensación de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba, presentó en Casación varios recursos para pedir la nulidad del juicio y la sentencia dictaminada a fines de julio de este año.
Los abogados Gustavo Daniel Nievas y Juan Manuel Rivero interpusieron de manera formal un recurso de Casación en contra de la condena que recibió Agüero, quien fue hallada autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso, reiterado en cinco hechos, en concurso real; y homicidio calificado por procedimiento insidioso en grado de tentativa, reiterado de ocho hechos, todo, a su vez, en concurso material.
Conforme al escrito presentado de más de 165 hojas, el cual tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, señalan que consideran que “no se han observado la aplicación de las reglas de la sana critica racional, ni el principio lógico de razón suficiente, deviniendo la misma en arbitraria y lesionando, de tal manera, derechos de jerarquía constitucional y convencional, como el principio de inocencia, derecho a una sentencia fundada y el derecho de defensa, -entre otros- como elementos esenciales del debido proceso”.
De este modo, expusieron la orden de los planteos, entre los que se destaca que Melina Abril Soria, en la audiencia de selección de jurados, había ocultado información relevante con el objetivo de no ser deseleccionada porque tenía un evidente interés en el proceso, ya que conocía a una de las imputadas, la cual luego fue absuelta.
También, incorporaron las “deficiencias graves” en la valoración de la prueba, el escenario de los hechos en el juicio, y la “ausencia de certeza” sobre la participación de la enfermera en los casos investigados.
Respecto al material presentado en el debate, los abogados enfatizaron que no existe una “prueba directa” que vincule a Agüero con los hechos que se investigan ya que “nadie la vio colocar una inyección a ningún bebe”.
A su vez, que los análisis son insuficientes, debido a que la pericia psicológica “presenta inconsistencias metodológicas y conclusiones que exceden su soporte empírico”.
Se suma que la evidencia toxicológica “es parcial y discutible” y que las pruebas forenses de apoyo son “débiles o inconsistentes”.
También las contradicciones y problemas de fiabilidad en los testimonios y por último la crítica en profundidad de la evaluación psicológica pericial practicada a la acusada.
“La sentencia se basa en una cadena de indicios débiles, construidos sobre pruebas circunstanciales, pericias sesgadas y una omisión de factores cruciales para una investigación justa y equitativa. La falta de pruebas forenses directas y la presencia de contradicciones metodológicas y científicas son elementos clave para cuestionar la validez del fallo condenatorio”, subrayaron.