La defensa del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, presentó un escrito ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora para intentar desactivar el pedido de indagatoria en la causa Yategate, en la que el exintendente está acusado de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El planteo se realizó luego de que el juez Luis Armella recibiera el peritaje contable elaborado por expertos de la Corte Suprema y de la Procuración General, que habría detectado inconsistencias en bienes, gastos y movimientos financieros del exfuncionario.
Los abogados Fernando Pinto y Nicolás Maciel afirmaron que Insaurralde “justificó cada uno de los puntos objetados” y que aportó documentación respaldatoria suficiente.
Sostuvieron que el análisis fiscal presentado por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco es “fragmentario y metodológicamente sesgado”, y que omitió ingresos lícitos de su entonces esposa, Jésica Cirio. Según la defensa, la reconstrucción completa de ingresos y egresos demuestra que “no hubo incrementos patrimoniales injustificados”.
El escrito destaca que la pericia judicial confirmó una transferencia realizada por Cirio en enero de 2023 —USD 250.000 y $2 millones— que, según los abogados, explica parte de los gastos cuestionados, incluidos viajes al exterior.
El informe contable también registró que en 2021 Insaurralde destinó cerca del 80% de su salario a viajes y que en 2022 gastó más de $16 millones, pese a haber declarado ingresos por $4,7 millones. La defensa sostiene que los peritos concluyeron que el exintendente “contaba con los fondos necesarios” para afrontar esos gastos.
En relación con la acusación por lavado de activos, los abogados señalaron que la compra del inmueble de San Martín 1440 se realizó con fondos provenientes de la venta de otra propiedad ubicada en la misma zona, operación que —según la defensa— está documentada y registrada ante el fisco.
También rechazaron sospechas sobre la empresa Sasaxa Líbero S.A., integrada por familiares de Insaurralde, y aseguraron que la firma tuvo actividad comercial real en gastronomía y servicios de barras móviles.
La defensa afirmó que “no existió aplicación de recursos de origen desconocido” y que la disponibilidad del dinero utilizado para el viaje a Marbella —que originó la causa tras la difusión de imágenes junto a la modelo Sofía Clerici— provino de fuentes lícitas y registradas.
Con el peritaje concluido, el juez Armella quedó en condiciones de resolver si cita a indagatoria a Insaurralde. No obstante, la definición podría quedar en manos del nuevo titular del juzgado, Juan Tomás Rodríguez Ponte, cuya designación ya fue aprobada por el Senado y aguarda publicación en el Boletín Oficial.