Desde el espacio que nuclea a gremios, pueblos originarios, organizaciones sociales y gauchas de Jujuy, quienes se oponen a la reforma constitucional provincial, aseguran que el gobierno local difunde listados de quienes participaron de las protestas con multas contravencionales «sin derecho a defensa ni a la privacidad».
La Multisectorial Contra la Reforma de la Constitución, integrada por gremios, pueblos originarios, organizaciones sociales y gauchas de Jujuy, reclamó este sábado contra el avance de una «campaña pública de intimidación, extorsión y amenazas» del gobierno de Gerardo Morales, por la difusión de listas de manifestantes con multas contravencionales que busca aplicar bajo sentencias que calificaron como «exprés».
«La Justicia de Morales intimida públicamente con sentencias exprés, sin derecho a defensa ni a la privacidad», denunciaron desde el espacio en alusión a unas primeras ocho sentencias, con multas de hasta más de $2 millones de pesos, que dictó esta semana el Juzgado Administrativo Contravencional de Jujuy y fue difundido por los canales oficiales del gobierno local.
La Multisectorial, en un comunicado, afirmó que se trata de «otro acto de intimidación pública el gobierno de Gerardo Morales», en alusión a la publicación de la lista de manifestantes con las montos de las multas que se les aplica por considerarlos responsables de contravenciones ocurridas el 20 de junio pasado en la Legislatura local.
«Entre los manifestantes hay un joven con retraso madurativo al que le impusieron casi un mes y medio de trabajos comunitarios», remarcaron sobre la resolución de la Justicia Contravencional de Jujuy y apuntaron que es una dependencia administrativa del Poder Ejecutivo a cargo de Morales y no pertenece al Poder Judicial.
En ese sentido, expusieron que se actuó «bajo procedimientos administrativos brevísimos» sin respetarse «garantías constitucionales como el debido proceso de defensa», ya que asesores legales de la Multisectorial «tuvieron serias limitaciones para acceder a los expedientes y tomar conocimiento de las pruebas en contra de sus defendidos».
Además reprocharon que los denunciados «conocieron las penas por los medios de prensa», por lo que «también se les vulneró el derecho a reserva o privacidad, dado que está expresamente prohibido publicar los datos personales de los supuestos culpables».
En ese sentido, también indicaron que «es reprochable que antes de conocerse los fundamentos de las penas se elaboren campañas mediáticas de escrache, que buscan intimidar a la población con los montos de las multas y estigmatizar a los manifestantes», en alusión a una conferencia de prensa brindada el martes por autoridades locales.
Respecto de esa conferencia de prensa, advirtieron que los funcionarios del gobierno de Morales no hablaron de «investigar la responsabilidades en el accionar de las fuerzas policiales» en las represiones ocurridas en la provincia, donde «cometieron intento de homicidio al disparar al rostro, se realizaron detenciones ilegales, entre otros delitos».
Asimismo, volvieron a hacer referencia a la publicación de las listas de manifestantes multados y dijeron que de esa manera «continúan con la campaña pública de intimidación, extorsión y amenazas contra el conjunto de la sociedad, hundiéndose en el autoritarismo por violentar, permanentemente, el orden constitucional y la democracia».
«Frente a esa actitud gubernamental el pueblo tiene derecho a la resistencia y a la rebelión pacífica y continuada hasta que el autoritarismo retroceda y hasta que caiga una reforma constitucional viciada de nulidad y violatoria de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, a los cuales la Nación adhiere desde 1994», concluyeron.