La investigación reconstruyó un presunto plan para eliminar pruebas en la financista ligada a la AFA.
La Justicia detectó una serie de comunicaciones que habrían buscado desmantelar registros informáticos y físicos de la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Sur Finanzas, antes del allanamiento.
Para el juez federal Tomás Rodríguez Ponte, los chats entre empleadas, asesoras y personal de sistemas forman parte de un hipotético «protocolo» de obstrucción que derivó en el procesamiento del financista Ariel Vallejo.
Ante esta sospecha judicial, fuentes cercanas a Vallejo negaron rotundamente que él haya impartido órdenes orientadas a destruir evidencias, según reflejó una investigación periodística de La Nación.
Las alertas internas en la firma comenzaron días antes de los procedimientos judiciales. El 28 de noviembre, tras una denuncia presentada por ARCA por presunto lavado de activos, Micaela Sánchez, señalada en el expediente como custodia de llaves de cajas fuertes y equipos, consultó a una empleada si ocurría «algo raro», recibiendo como respuesta que operaban «solo blanco» y que el resto permanecía resguardado.
Sin embargo, la actividad se intensificó durante la madrugada del allanamiento, de acuerdo a la reconstrucción judicial que reveló La Nación. La secretaria personal de Vallejo, Daniela Sánchez, instruyó a la 1:33 retirar temprano las ganancias acumuladas. Media hora más tarde, la asesora en normativa del BCRA, Susana Hoffman, solicitó al área de sistemas ingresar a las computadoras de los cajeros para desconectar programas.
Aunque Hoffman declaró posteriormente que se trataba de eliminar aplicaciones personales no permitidas (como WhatsApp o Instagram), el juzgado cuestionó por qué dicho requerimiento debía ejecutarse a esa hora de la madrugada. A las 2:57 horas, Daniela Sánchez ordenó explícitamente a un colaborador «borrar todas las cámaras».
En paralelo a la eliminación digital, el expediente señala maniobras presenciales en sucursales como Adrogué Chico y Banfield, donde se retiró el efectivo acumulado dejando únicamente «puchitos» de dinero como fachada.
Las acciones bajo sospecha continuaron tras los procedimientos iniciales. El 2 de diciembre, Juan Ramón Cervín, identificado como portavalor de la firma, coordinó el traslado y ocultamiento de tres camionetas de la empresa. Finalmente, el 3 de diciembre, Nahiara Gamarra, también secretaria de Vallejo, instruyó al técnico informático a «limpiar bien» su equipo con la indicación expresa de «borrá todo, sí».
En sus descargos ante la Justicia, las imputadas y los colaboradores rechazaron las acusaciones. Las secretarias y la cajera argumentaron carecer de injerencia en decisiones financieras u operativas, mientras que el portavalor sostuvo que ignoraba que mover los vehículos pudiera constituir una maniobra de obstrucción judicial.
El trasfondo de la investigación judicial apunta a la estructura del Grupo Sur Finanzas, que abarcaba la compraventa de divisas, préstamos y la billetera virtual Sur Finanzas PSP. La fiscalía y el juzgado sospechan que la casa de cambio Centro de Inversiones Concordia vendió dólares en el mercado paralelo a terceros no autorizados, registrando ingresos por $4.040.114.708 en 2022 frente a ventas declaradas por $2.440.801.851.
La Justicia sostiene que esta comercialización informal de divisas constituye el delito precedente para maniobras de lavado, presuntamente canalizadas mediante personas sin capacidad económica acreditada. En sus declaraciones, Vallejo negó la existencia de dicha red y defendió la legitimidad de sus operaciones durante el cepo cambiario.
Mientras el financista cumple prisión domiciliaria, el juez aguarda un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) para determinar los flujos contables y los préstamos o patrocinios que vincularon a la financiera con diversos clubes de fútbol.