El organismo también advirtió por las demoras que existen en la Corte Suprema y en la Cámara de Casación a la hora de revisar las sentencias. «Siempre guardo una pequeña esperanza de que estas recomendaciones a los cuatro jueces de la Corte no les entren por un oído y les salgan por el otro, pero la esperanza es cada vez más pequeña», dijo el abogado Pablo Llonto.
Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) reclamaron que en Argentina se aceleren los juicios por delitos de lesa humanidad y que no se concedan beneficios procesales o penitenciarios –como la prisión domiciliaria– a los criminales de la última dictadura. Si bien se destacó que hay 1117 represores condenados, desde el organismo internacional remarcaron su preocupación por las demoras que se registran en los tribunales superiores, como la Corte Suprema, a la hora de revisar las sentencias.
Mientras el país recordaba los 47 años del golpe genocida, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ultimaba en Ginebra el informe sobre la situación del país en lo que hace a personas desaparecidas –tanto en dictadura como en democracia–. Se trata de un análisis que se realiza periódicamente entre los países que adhirieron a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En el caso de Argentina no solo la ratificó sino que fue uno de los Estados que la impulsó.
Dentro de las recomendaciones más importantes del Comité se registra la de agilizar los procesos por crímenes cometidos hace ya más de 40 años. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), desde la reapertura de los juicios, se llevaron a cabo 296 procesos. Quince están en etapa de audiencias y 75 esperan que comience el debate, mientras que 269 causas están en pleno trámite. Las investigaciones que se encuentran abiertas representan un 41 por ciento del total de lo que se juzgó hasta el momento. El problema es que lo que resta enjuiciar es casi tanto como lo hecho hasta ahora y el reloj corre tanto para los imputados como para las víctimas que se quedan sin obtener justicia. Prueba de eso fue la muerte impune de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño de la agroindustrial Ledesma y procesado por secuestros y desapariciones ocurridos en Jujuy en 1976.
El Comité también señaló que le preocupa el retraso de los tribunales superiores –la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema– a la hora de revisar las condenas.En su presentación ante la ONU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había resaltado que de todas las sentencias que se dictaron desde 2006, solo el 24 por ciento están firmes. La demora en la Corte para las causas de lesa humanidad es uno de los temas que se están abordando en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Desde la ONU también alertaron por la falta de nombramiento de jueces y sobre la escasez de recursos para los juzgados que llevan adelante estas investigaciones. Hay jurisdicciones como la de La Plata que no tienen jueces titulares en sus tribunales. La capital bonaerense es uno de los nodos en el que convergen distintas investigaciones por la magnitud de la represión en la zona sur del conurbano.
El otro gran eje tuvo que ver con la concesión de beneficios a los criminales de lesa humanidad –como pudo haber sido el intento de aplicación del 2×1 que promovió la Corte Suprema en el caso del represor Luis Muiña– o la facilidad con que los tribunales otorgan las prisiones domiciliarias a los represores. “El Comité alienta al Estado parte a suprimir la concesión de beneficios procesales y penitenciarios injustificados a personas acusadas o condenadas por desaparición forzada”, sostuvieron desde el organismo internacional.
«Es importante que desde Naciones Unidas, aunque se trate de un Comité específico, se dispongan estas recomendaciones y se expresen estas preocupaciones, para que así el gobierno argentino las pueda trasladar y notificar a todos los tribunales, incluyendo la Corte Suprema en particular, que es la principal responsable de todas estas demoras en las causas de lesa”, le dijo a Página/12 el abogado Pablo Llonto.
“Lo mismo con el caso del reparto de beneficios que muchos jueces y juezas llevan adelante impunemente como lo son las prisiones domiciliarias. Siempre guardo una pequeña esperanza de que estas recomendaciones a los cuatro jueces de la Corte no les entren por un oído y les salgan por el otro, pero la esperanza es cada vez más pequeña. Cuando nosotros expusimos ante el Comité pedimos que alguna vez el Comité se dirija a la Corte, a los jueces, con nombre y apellido. Pero bueno, algún día se entenderá que es necesario la voz directa del Comité sobre integrantes del Poder Judicial», reclamó Llonto.
Registros y archivos
Sol Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, consideró que se trata de un buen informe que recoge los puntos claves que había planteado la organización. “El Comité reconoce el camino realizado y que es un proceso de verdad y justicia muy destacable a nivel mundial pero con algunos desafíos para resolver”, explicó la abogada. “El CELS hizo énfasis en la apertura de los archivos de inteligencia como forma de contribuir a la búsqueda de las personas que están desaparecidas e identificar a los perpetradores”, explicó.
En ese sentido, desde la ONU reclamaron que el Estado continúe dando pasos hacia la desclasificación de esta documentación que está tanto en poder de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como de las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas o de seguridad. Además, pidieron que se preserven los registros fílmicos de los juicios orales.
Desde el Comité le pidieron al Estado que perfeccione los registros sobre personas desaparecidas –incluyendo, por ejemplo, identidad de género, orientación sexual o grupo étnico– y que se especifique el estado de la búsqueda o de la reparación. Un planteo similar sobre las búsquedas que lleva adelante el Estado había hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso de los hermanos Julien Grisonas, secuestrados con su mamá después del asesinato de su papá, llevados al centro clandestino conocido como Automotores Orletti, trasladados en un vuelo a Uruguay y abandonados en Chile.
«Las investigaciones sobre desapariciones forzadas requieren un esfuerzo interjurisdiccional, que sigue siendo el gran déficit», apunta Guadalupe Godoy, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y una de las abogadas que impulsó que se investigue de tal forma la ausencia de Jorge Julio López.
Entre los aspectos positivos, el Comité destacó el plan estratégico para el avance de los juicios de lesa humanidad o la continuidad del Programa Verdad y Justicia –que fue clave para contribuir a las investigaciones desde el Poder Ejecutivo. Una mención se llevó la búsqueda de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada a instancia de Abuelas, y el encuentro de 132 nietos y nietas.
«Nosotros siempre vemos con buenos ojos lo que dicen los organismos internacionales cuando se trata de construir políticas que cumplan con los estándares o de reconocer el esfuerzo que hacemos para recuperar el rol central de Argentina en el mundo en lo que hace a derechos humanos», opinó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.