El diputado nacional Esteban Paulón dialogó con MEDIOS RIOJA, y afirmó que existió un «operativo deliberado» desde la Casa Rosada para facilitar el ingreso del dirigente brasileño a la Argentina, incumpliendo los propios decretos migratorios oficiales.
La oposición presentó una denuncia penal contra el gobierno encabezado por Javier Milei, acusando al Poder Ejecutivo de haber orquestado un operativo coordinado de encubrimiento agravado para permitir el ingreso y la permanencia en el país de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, quien enfrenta múltiples causas penales en su país natal.
Las declaraciones fueron vertidas por el diputado nacional Esteban Paulón, quien remarcó la gravedad del hecho al involucrar la relación bilateral entre ambas naciones: «Aquí hubo un operativo deliberado del Gobierno para facilitar que esta persona se profugue de la justicia de un país con el que tenemos un vínculo económico, social y político. Aparece el Estado argentino ayudando a la profugación de una persona con cinco causas penales», enfatizó.
Los apuntados por la Justicia
La causa recayó en el despacho de la fiscal Paloma Ochoa. Según detalló el legislador, la presentación judicial señala responsabilidades en cadena dentro de la estructura gubernamental:
- Javier Milei (Presidente de la Nación): Apuntado como el responsable de poner en marcha el mecanismo tras una solicitud proveniente de Estados Unidos.
- Cancillería y Ministerio de Seguridad: Señalados por la actuación de sus titulares, de quienes depende de manera directa la Dirección Nacional de Migraciones.
- Santiago Caputo: Incluido en la presentación por su presunta planificación y armado estratégico del operativo.
Paralelamente, desde el arco opositor exigieron que los funcionarios Santilli, Quirno y Monteoliva concurran de manera urgente al Congreso de la Nación para brindar explicaciones sobre el accionar de las distintas áreas de control.
Incumplimiento de decretos y dobles varas migratorias
Durante su exposición, Paulón criticó duramente la postura oficial de sostener que la documentación del dirigiente brasileño «estaba en regla» al momento del ingreso. El diputado argumentó que la prohibición de salida del país y la retención de pasaportes ordenada en Brasil eran de público conocimiento antes de que completara su traslado hacia Foz de Iguazú.
Asimismo, remarcó que el propio Ejecutivo nacional violó su normativa al no aplicar el decreto que prohíbe la entrada al territorio argentino a personas con causas penales abiertas. «No puede decir el Gobierno que no sabía. Hay muchos casos donde se le prohibió el ingreso a activistas ambientalistas y referentes de DD. HH. Sin embargo, no actuaron así en el caso Bolsonaro», concluyó el legislador, definiendo al dirigenbr brasileño como un «paria» de la política que debería haber permanecido en su país a dar respuestas ante la ley.