En diálogo con MEDIOS RIOJA, Raúl Brizuela, referente del organismo eclesiástico, cuestionó el enfoque punitivo de la nueva ley y advirtió sobre el desfinanciamiento de las áreas de contención para menores en sectores vulnerables.
Desde la Pastoral Social de La Rioja expresaron un marcado rechazo a la reciente aprobación de la ley que baja la edad de imputabilidad en el país. Raúl Brizuela, representante del sector, señaló que la medida se centra exclusivamente en el castigo y deja de lado los programas educativos que buscan recuperar a los jóvenes. «Estamos resignando a perderlos, eso nos preocupa», afirmó Brizuela, subrayando que la Iglesia aboga por una mirada que priorice la reinserción sobre la sanción penal.
El referente local cuestionó el contexto socioeconómico en el que se implementa esta normativa, denunciando el ajuste en las políticas públicas de cuidado. Según explicó, se están desfinanciando áreas gubernamentales críticas para la recuperación de menores en riesgo. «Pobreza no es sinónimo de delincuencia, pero cuando echamos la mirada en las cárceles, las cárceles están llenas de pobres», sentenció, advirtiendo que esta ley limita aún más las oportunidades de los sectores más vulnerables.
Asimismo, Brizuela remarcó que no existen datos estadísticos que avalen que endurecer las penas para los menores impacte directamente en la inseguridad. Para la Pastoral, el debate falló al no consultar a los actores sociales y al ignorar las raíces del problema. Al respecto, sostuvo: «En ningún momento se estudiaron las causas que llevaron a que el paso de 18 a 16 no haya producido los frutos que queríamos», haciendo referencia a reformas anteriores que no lograron resultados positivos.
Finalmente, el referente recordó que la Iglesia mantiene un compromiso histórico tanto con las víctimas de delitos como con los jóvenes en situación de calle. Insistió en que los índices de delincuencia juvenil son bajos y que el foco debería estar en las causas que llevan a un menor a delinquir y no solo en las consecuencias. «Se hace una ley resignándonos», concluyó, lamentando que la respuesta estatal sea el encierro antes que la prevención y el acompañamiento social.