La Secretaría de la Mujer y Diversidad trabaja en la implementación de herramientas y procedimientos específicos para prevenir, abordar y sancionar los casos de violencia digital, amparados en la Ley Olimpia.
En el marco de las acciones para dar respuesta a problemáticas que preocupan profundamente a la sociedad, la Provincia continúa avanzando en la consolidación de un protocolo de actuación ante casos de violencia digital de género. Así lo informó la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro, quien destacó la importancia de visibilizar estas situaciones y brindar herramientas claras a la comunidad.
La funcionaria explicó que la provincia cuenta con un marco normativo unificado que regula las intervenciones del Estado frente a situaciones de violencia de género, el cual se fundamenta en la Ley Nacional N° 26.485. A este esquema se suma la adhesión y aplicación de la Ley Olimpia (promulgada a nivel nacional en 2023), una normativa clave que tipifica la violencia digital, reconoce cómo se sufre y se vive esta agresión, y establece la obligatoriedad del Estado en su abordaje y prevención.
Claves del nuevo abordaje y articulación institucional
- Desmitificar el ámbito virtual: Uno de los ejes centrales es concientizar a la ciudadanía de que la violencia digital no es abstracta ni queda recluida en una pantalla, sino que transgrede y vulnera profundamente el ámbito físico y emocional de la persona afectada.
- Prevención desde las aulas: Con el fin de proteger a las infancias y adolescencias, se articula un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación mediante la implementación de las guías EMA, orientadas a visibilizar y prevenir la violencia digital en el ámbito escolar.
- Respuesta de la Justicia: El sistema judicial cuenta con la potestad de dictar medidas urgentes que protejan la dignidad, la intimidad y la reputación de las víctimas en los espacios virtuales.
- Canales de denuncia seguros: Se recuerda a la comunidad que existen organismos especializados para recibir denuncias y brindar acompañamiento, tales como la Unidad Fiscal de Violencia de Género y las comisarías, garantizando que las personas vulneradas sepan que están resguardadas institucionalmente.
Desde el área de género señalaron que el objetivo principal es profundizar en la difusión de los procedimientos, los tipos de pruebas admisibles y las medidas que se pueden solicitar, consolidando una red de contención y respuesta rápida frente a delitos que afectan la vida digital y ciudadana.