La convocatoria a una audiencia pública para debatir la reforma de la Ley de Glaciares sumó en pocos días una participación masiva: ya hay más de 18 mil personas inscriptas para exponer sobre el proyecto que impulsa el Gobierno nacional.
El número generó tensión política en el Congreso. Mientras el oficialismo pretende avanzar rápido con el tratamiento del proyecto, la oposición y organizaciones ambientalistas reclaman extender las jornadas de debate para garantizar la participación de quienes se anotaron.
La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial y fija apenas dos jornadas de audiencias: el 25 de marzo para exposiciones presenciales y el 26 de marzo para intervenciones virtuales.
La convocatoria que desbordó las previsiones del Congreso
El abogado ambientalista Enrique Viale aseguró que la convocatoria ya tiene un volumen de participación inédito.
Según indicó, hasta este lunes se registraban más de 18 mil personas anotadas para intervenir en la audiencia pública por la reforma de la ley que protege los glaciares.
Viale calificó el fenómeno como “histórico, sin antecedentes”, y sostuvo que el debate podría extenderse durante mucho más tiempo del previsto si se respetan todas las intervenciones.
La normativa publicada establece que la inscripción al Registro de Participantes puede realizarse de manera individual o en representación de personas jurídicas, y que el plazo para anotarse se mantendrá abierto hasta el viernes 20 de marzo a las 16 de forma presencial y hasta las 20 en modalidad virtual.
La presión para ampliar los días de audiencia
La convocatoria fue realizada por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en línea con lo acordado durante una reunión parlamentaria el 4 de marzo.
Sin embargo, el cronograma ya genera cuestionamientos.
Si cada expositor utilizara los cinco minutos máximos permitidos, los más de 18 mil inscriptos implicarían más de dos meses continuos de intervenciones, muy lejos de las dos jornadas previstas.
Por ese motivo, un grupo de diputados de distintos bloques presentó una nota para exigir que se publique el listado de participantes y se actualice cada 24 horas, además de ampliar el número de días de audiencia.
El diputado Maximiliano Ferraro informó que el pedido fue presentado junto a Sabrina Selva, Natalia de la Sota y María Inés Zigarán, con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso.
El debate legislativo y la estrategia del oficialismo
La audiencia pública se convocó luego de que el proyecto de reforma de la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial obtuviera media sanción en el Senado.
Según trascendió en el Congreso, el oficialismo busca acelerar el tratamiento en Diputados. La intención es que el proyecto obtenga dictamen tras los feriados de Semana Santa y sea llevado al recinto a comienzos de abril.
Desde La Libertad Avanza, no obstante, relativizaron las cifras difundidas por la oposición. Voceros del oficialismo señalaron que la cantidad de inscriptos no implica que todos participen efectivamente de la audiencia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuesta a mantener el calendario legislativo para votar la reforma en la segunda semana de abril.
El trasfondo ambiental y económico del proyecto
El proyecto de reforma es impulsado principalmente por provincias mineras como Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, que buscan flexibilizar algunos aspectos de la legislación vigente.
La iniciativa propone que los equipos técnicos provinciales determinen si un glaciar cumple o no una función hídrica relevante, lo que permitiría habilitar o restringir actividades productivas en determinadas áreas.
Los gobiernos provinciales sostienen que la ley sancionada en 2010 define de manera demasiado amplia el ambiente periglacial, lo que —según argumentan— ha impedido el desarrollo de proyectos mineros en zonas donde no existiría impacto sobre el agua.
En cambio, organizaciones ambientalistas y científicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) advierten que la regulación debe seguir siendo nacional para evitar que cada provincia establezca criterios propios.
El llamado de las organizaciones ambientalistas
Diversas organizaciones convocaron a la ciudadanía a participar del debate público.
Desde Greenpeace señalaron que la audiencia representa “una última oportunidad para defender el agua”, y remarcaron que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce.
“La protección de los glaciares no es un debate técnico limitado a especialistas: impacta en la vida de millones de argentinos”, sostuvieron desde la organización.
El riesgo de judicialización
Uno de los factores que obligó al Congreso a convocar la audiencia pública fue la vigencia del Acuerdo de Escazú, el tratado regional que garantiza la participación ciudadana en decisiones ambientales.
Diputados de la oposición advirtieron que, si la instancia participativa no se cumple de forma real y abierta, la reforma podría enfrentar cuestionamientos judiciales.
Por ese motivo, la discusión sobre cuántos días durará la audiencia pública se perfila como el próximo capítulo de la disputa política en torno a la Ley de Glaciares.