El proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más delicado en el Senado. La iniciativa que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no logra reunir los votos necesarios y obliga al oficialismo a abrir una negociación contrarreloj con sus propios aliados.
En los pasillos del Congreso reconocen que el escenario es adverso. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y, aún sumando apoyos parciales, no alcanza la mayoría absoluta de 37 votos requerida para avanzar. La falta de respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales dejó al descubierto los límites del oficialismo.
La situación quedó expuesta durante el informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Diputados. Cuando defendió el fin de las PASO por su costo —estimado en 200 millones de dólares en 2023— solo recibió aplausos del bloque libertario. El resto de la oposición dialoguista optó por el silencio.
En ese contexto, una voz del oficialismo admitió sin rodeos: “Hoy ese tema no pasa”. La definición sintetiza el clima que domina la discusión parlamentaria.
Frente a la imposibilidad de eliminar las PASO, comenzó a ganar fuerza una alternativa impulsada por la UCR: convertirlas en optativas. El esquema propone que dejen de ser obligatorias, que solo se realicen si hay competencia interna y que los electores deban inscribirse previamente para participar.
El proyecto también establece un umbral mínimo del 10% del padrón para habilitar la primaria y elimina el financiamiento estatal para campañas en esa instancia, concentrando los recursos en las elecciones generales.
Desde el radicalismo aseguran que la propuesta apunta a reducir costos sin desarmar una herramienta clave del sistema político. En diálogo con la prensa, el senador Maximiliano Abad fue categórico: “El gran error es reducir este debate al mero ahorro. La democracia no es un gasto administrativo sino una inversión”.
Además, advirtió sobre los riesgos de avanzar hacia un esquema con mayor peso del financiamiento privado: “Debe ser mixto, transparente y auditable, porque si no se genera un sistema que atenta contra la equidad”.
El PRO, aunque sin postura institucional unificada, también se muestra más cerca de esta alternativa. El jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, planteó que “no tiene que ser blanco o negro” y abrió la puerta a primarias no obligatorias o limitadas a casos de competencia interna.
El rechazo no se limita a los partidos nacionales. Gobernadores que acompañaron al oficialismo en votaciones clave también comenzaron a tomar distancia. El tucumano Osvaldo Jaldo fue uno de los más críticos al calificar el proyecto como “un traje a medida” del oficialismo.
En las últimas horas, el mandatario propuso que los partidos políticos financien sus propias internas para evitar el gasto estatal, pero rechazó otros aspectos del proyecto, como el voto a boleta completa.
Su postura genera incertidumbre sobre otros mandatarios provinciales que hasta ahora jugaron como aliados, como Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), cuyos espacios también analizan alternativas intermedias.
En paralelo, el malestar crece por la falta de consenso previo. Desde el PRO deslizaron que el Gobierno no abrió canales de diálogo antes de enviar la iniciativa, lo que tensó aún más la relación.
La discusión recién entrará en una etapa decisiva en los próximos meses, pero en el Senado ya anticipan que el oficialismo deberá ceder si quiere evitar otro traspié legislativo. Mientras tanto, la opción de mantener las PASO bajo un formato no obligatorio empieza a consolidarse como el único camino viable para destrabar la reforma.