La Secretaria de Trabajo, Myriam Espinosa, confirmó el cierre definitivo de la planta. El sindicato rechaza el pago del 50% de las indemnizaciones y exige el total de lo que dicta la ley.
La crisis que atraviesa el sector industrial riojano sumó un nuevo capítulo amargo. Esta mañana, Myriam Espinosa, titular de la Secretaría de Trabajo, confirmó el cierre de la empresa «Rioja Textil», una firma relativamente nueva que no logró sobrevivir al desplome del consumo y la compleja situación económica nacional de los últimos dos años.
Un cierre anunciado y conflicto por indemnizaciones
El cese de operaciones deja a 17 trabajadores desvinculados. Según detalló Espinosa, la empresa ya venía reduciendo su personal de manera paulatina antes de tomar la decisión del cierre total.
Aunque los empleados se encontraban debidamente registrados y no existían deudas salariales previas, el foco del conflicto se trasladó ahora a las liquidaciones finales:
- La empresa: Ofreció abonar el 50% de las indemnizaciones.
- El Sindicato: Rechazó de plano la oferta y reclama el 100% de lo que corresponde por ley.
- La Secretaría: Actúa como mediadora buscando un consenso que permita un acuerdo satisfactorio para las familias afectadas.
El «efecto dominó» en el Parque Industrial
Espinosa vinculó este cierre con una problemática estructural que afecta principalmente a los rubros de vestimenta y calzado. Según cifras oficiales, ya son cerca de 4.700 personas las que han perdido su puesto de trabajo en el parque industrial en los últimos años tras las políticas de ajuste del gobierno nacional.
«El cierre de comercios es una consecuencia directa de la pérdida del trabajo industrial. Las familias restringen el consumo y lo centran solo en necesidades de primerísima necesidad», explicó la funcionaria, subrayando el impacto indirecto en la economía local.
Legislación vigente y el caso «Omega-Prevenir»
Ante la incertidumbre sobre las nuevas normativas laborales, la Secretaria fue tajante: «Se aplica la ley anterior». Calificó como «extremadamente controversial» la intención de crear un fondo de asistencia laboral privado y aseguró que, hasta el momento, rige la legislación tradicional para proteger los derechos de los trabajadores.
Por último, se refirió al conflicto de los trabajadores de seguridad del Hospital. Tras la desvinculación de la empresa Omega (que ya abonó las liquidaciones), se mantiene un reclamo contra la primera empleadora, Prevenir.
«Trabajo no es juez, somos una autoridad administrativa que busca la morigeración de las partes», aclaró Espinosa sobre la audiencia que pasó a cuarto intermedio para este martes, donde se busca que ambas empresas asuman la responsabilidad solidaria de los pagos.