El organismo presentó un habeas corpus preventivo y colectivo con el que remarcó que «las y los jóvenes no pueden ser imputados de ninguna contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos»
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó este jueves un habeas corpus preventivo y colectivo para que se retiren los efectivos de la Policía de la Ciudad de la puertas de las escuelas tomadas por sus estudiantes.
La entidad dirigida por Horacio Pietragalla Corti consideró en el texto que «las y los jóvenes no pueden ser imputados de ninguna contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos».
La acción de la Secretaría es una respuesta al Gobierno porteño que días atrás exigió una suma de $1.5 millones por cada día de toma a los padres de los alumnos que participan de las protestas.
A la fecha, al menos 13 colegios estaban tomados y otras siete con pernocte en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas.
«Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con las fotos, videos y la nota periodística que se acompañan, los policías -además de verificar quién ingresa y sale de los colegios- sacan fotos de los/as estudiantes, graban videos y les requieren información», indicó.
A la fecha, al menos 13 colegios estaban tomados
Télam
En el escrito, se resaltó que «la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no puede pasar por alto que los/as estudiantes son mayoritariamente menores de edad, que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones. Por ello, la presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los/as estudiantes, legalmente organizados en los términos de las leyes nº 26.877 de la Nación y 137 de la CABA cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades».
Por otro lado, desde la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional también se remitió una nota formal a la fiscal María Laura Presedo, quien dio curso a la causa contra los padres de los/as estudiantes por una supuesta contravención y los notificó con policías en sus domicilios particulares.
En la nota, se indicó que «el más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres ‘que no retiran a sus hijos’, como se pretende hacer en la causa a su cargo, según las copias de las notificaciones remitidas a esta Dirección Nacional por los propios padres afectados».
La Secretaría también indicó, «respecto a la conducta desplegada por los/as estudiantes, que las mismas tampoco resultan punibles por ser éstos/as menores de 18 años y estar actuando en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo (cfr. Art. 11 del Código Contravencional)».
«Por ende nos encontramos frente al inicio de una causa contravencional carente de sustento jurídico, que pareciera tener como único objetivo causar miedo y disciplinar a padres y alumnos/as, al ser visitados temerariamente por personal policial en sus propios domicilios», concluye la nota.
Por último, recordó: «Asistimos e incentivamos constantemente a las y los jóvenes de los colegios secundarios a que se organicen en función de la ley nacional de centros de estudiantes. Evidentemente, así como nosotros queremos pibes y pibas organizados para exigir por sus derechos, el Gobierno de la Ciudad busca estudiantes sumisos que no se organicen y no reclamen por una educación mejor».
Fuente: Ámbito