El reciente decreto 883/24, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ha generado una significativa controversia en el ámbito del transporte público de larga distancia. Este decreto, que tiene como objetivo principal la desregulación de los servicios de ómnibus, ha causado un impacto inesperado y desafortunado para una población especialmente vulnerable: las personas con discapacidad.
A raíz de la aplicación de este decreto, diversas empresas de transporte automotor han comenzado a restringir o eliminar completamente el acceso gratuito a pasajes para personas con certificado de discapacidad.
La Comisión Nacional de Regulación de Transporte, en vista de las múltiples quejas recibidas por parte de usuarios afectados, se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto. Han instado a las compañías de autobuses a restablecer el servicio gratuito para estos pasajeros tan vulnerables. Sin embargo, las empresas argumentan que el decreto no deja claras las normativas y obligaciones en el nuevo contexto regulatorio.
En un respaldo a las empresas de transporte, las cámaras que nuclean a estas han declarado que la obligatoriedad de proveded este beneficio ya no es clara en el marco regulatorio actual. Han dirigido críticas hacia el secretario de Transporte, Franco Mogetta, demandando claridad operativa y financiera, ya que el nuevo esquema de regulación no parece contemplar los costos adicionales que implica garantizar el servicio gratuito para personas con certificación de discapacidad.