Los representantes de 21 provincias del país le solicitaron este viernes al Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei la continuidad de las obras de construcción de viviendas, con el consiguiente pago de certificaciones adeudados a las empresas y la recuperación de los más de 150 mil puestos directos de trabajo que se perdieron en estos meses, además de la apertura de espacios de diálogo y trabajo conjunto para la generación de políticas públicas que garanticen el derecho de acceso a la vivienda de los argentinos.
Este fue el saldo de la 100° Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda (CNV) que tuvo lugar este viernes en la ciudad de La Plata y fue encabezada por el titular del organismo, Augusto Dubois Goitia; el vicepresidente del CNV, Ariel Puy Soria y la Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis.
En ese sentido, el Ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social y vicepresidente del CNV, Ariel Puy Soria, destacó que “analizamos y debatimos la política habitacional en una situación difícil que está viviendo el país ante la paralización de obras, la eliminación de fuentes de empleo y la incertidumbre económica”.
Para el funcionario riojano, “hoy el acceso a la vivienda propia, pese a que es un derecho constitucional, no está garantizado por el sector público ni la banca privada. No hay financiamiento para los programas federales, fueron incumplidos los convenios firmados oportunamente y la banca privada no ofrece a los argentinos oportunidades reales de acceso al crédito hipotecario”.
Puy Soria resaltó que “nosotros confiamos plenamente en un gobierno presente, en un Estado inclusivo y regulador de las desigualdades sociales. No podemos permanecer indiferentes ante lo que está sucediendo”, tras lo que resaltó que el documento elaborado en La Plata se remarca la necesidad de garantizar la continuidad de los contratos firmados con las empresas y se solicita el cumplimiento de los pagos de certificaciones de obra que llevan como mínimo 4 meses de atraso a la fecha, todo esto a efectos de recuperar las ecuaciones económicas financieras de los proyectos y los más de 150 mil empleos directos perdidos a la fecha, registrados en el IERIC distribuidos en todo el país.
Además de ratificar la necesidad de generar políticas públicas a efectos de la no paralización de las obras con su consiguiente deterioro, riesgo de usurpación y vandalización. Todo esto con la intención de proteger la inversión pública nacional en este tipo de proyectos que ya cuentan con un importante grado de avance y están pendientes de finalización.
También se pidió la actualización de la base imponible del Impuesto a los Combustibles Líquidos y Dióxido de Carbono que financian el Fondo Nacional de Vivienda ya que es la única fuente de financiación específica de fondos coparticipables que reciben los Institutos de Vivienda y que son complemento de los demás planes nacionales.
Puy Soria sostuvo que estas son cuestiones sobre las que “hay que dialogar y resolver”, tras lo que manifestó que la construcción implica una actividad económica importante, con la generación de empleo y se cumplen los derechos de acceso a la vivienda propia y al trabajo”.
“Hoy lamentablemente la obra pública del país está paralizada y 250 mil trabajadores de la UOCRA están cobrando el subsidio al desempleo y pronto quedarán sin sus fuentes laborales, lo que es motivo de preocupación en todas las jurisdicciones provinciales”, señaló.
El titular de la cartera de Vivienda puntualizó que “creemos que cuando el Estado no interviene mucha gente se queda afuera, estamos convencidos que la búsqueda de la renta social es importante en la ejecución de las políticas públicas, más allá de la renta financiera”.
El funcionario riojano manifestó que “tenemos que encontrar respuestas concretas, somos respetuosos de la voluntad popular, el Gobierno Nacional ha cambiado, pero lo que no puede hacer es no atender a las provincias. Necesitamos dialogar y encontrar soluciones concretas, con los ordenadores sociales como lo son la vivienda y el trabajo”.