Los recursos enviados por el Gobierno nacional registraron una nueva contracción en términos reales. El resultado profundizó las dificultades financieras de las jurisdicciones y prolongó una tendencia que ya había dejado cifras históricamente bajas durante el primer semestre.
Las transferencias enviadas por el Gobierno nacional a las provincias volvieron a caer en términos reales durante julio y marcaron el peor registro para ese mes de los últimos 20 años.
El resultado profundizó la pérdida de recursos que vienen atravesando las jurisdicciones y agregó presión sobre las cuentas provinciales, que dependen en distinta proporción de los fondos distribuidos por la Nación para afrontar salarios, servicios públicos, políticas sociales y obras de infraestructura.
La baja implica que los montos recibidos aumentaron menos que la inflación o directamente retrocedieron en términos nominales, según el tipo de transferencia analizada. En términos reales, las provincias dispusieron de una cantidad menor de recursos que en el mismo período del año anterior.
El deterioro de julio se produjo después de un primer semestre marcado por la reducción de los giros nacionales, tanto en los recursos distribuidos mediante mecanismos automáticos como en las partidas discrecionales administradas por el Poder Ejecutivo.
Los fondos discrecionales también tocaron mínimos
Durante junio, las transferencias no automáticas destinadas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires habían totalizado $48.300 millones. El monto representó una caída interanual real del 87,7% y constituyó el nivel más bajo para ese mes desde 2005.
Las transferencias no automáticas son recursos que no se distribuyen mediante la fórmula establecida por la Ley de Coparticipación. Su asignación depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional e incluye partidas para programas educativos, cajas previsionales, infraestructura y Aportes del Tesoro Nacional.
En el acumulado del primer semestre, estos giros alcanzaron los $639.589 millones y registraron una contracción real interanual del 61,8%. Fue el segundo peor resultado para ese período desde 2005, únicamente por encima del nivel observado en 2024.
La caída estuvo acompañada por la interrupción del reparto de Aportes del Tesoro Nacional durante mayo y junio. Esos recursos están destinados formalmente a atender desequilibrios financieros y situaciones de emergencia en las jurisdicciones.
Más presión sobre las cuentas provinciales
La reducción de los fondos nacionales obliga a los gobiernos provinciales a cubrir una proporción mayor de sus gastos con recursos propios. El impacto no es uniforme, ya que depende de la estructura productiva, la recaudación local y el grado de dependencia de cada distrito respecto de las transferencias federales.
Las jurisdicciones con menor capacidad tributaria propia quedan más expuestas a las variaciones de la coparticipación y de los giros discrecionales. Una caída sostenida puede afectar la ejecución de obras, los programas educativos y sanitarios, la asistencia social y las negociaciones salariales con los empleados públicos.
El retroceso también se produce mientras el Gobierno nacional busca sostener el equilibrio fiscal y mantiene negociaciones políticas con los gobernadores para avanzar con diferentes iniciativas en el Congreso.
Los mandatarios provinciales vienen reclamando una distribución más previsible de los recursos, el giro de fondos adeudados y una mayor ejecución de los Aportes del Tesoro Nacional.
El resultado de julio prolonga así un escenario de tensión financiera entre la Casa Rosada y las provincias. La caída real de las transferencias limita el margen presupuestario de las jurisdicciones y anticipa nuevas discusiones por el reparto de los recursos federales durante la segunda mitad del año.