La especialista Wendy Yasmín Godoy dialogó con MEDIOS RIOJA y advirtió que 7 de cada 10 padres no cumplen con sus obligaciones, calificando esta conducta como un acto de violencia económica que afecta directamente el bienestar de los niños.
En el marco del debate por el proyecto de la denominada «Ley Cazzu», la abogada especializada en Derecho de Familia, Niñez y Género, Wendy Yasmín Godoy, brindó un crudo diagnóstico sobre la realidad local y nacional. Según la letrada, la falta de pago de alimentos no debe verse como un simple trámite administrativo: “No es solo una deuda: es violencia económica contra madres e hijos, que afecta derechos básicos y condiciones de vida”.
Las estadísticas que sustentan la necesidad de esta normativa son alarmantes. Godoy destacó que el 80% de los deudores alimentarios son varones, lo que sobrecarga de manera desproporcionada a las mujeres, quienes suelen estar al frente de los hogares monoparentales. “Las mujeres ejercen el cuidado solas. Esto no solamente afecta al crecimiento de los niños, sino que es violencia de género”, afirmó.
El punto central de la propuesta legislativa es la modificación de la dinámica del ejercicio de la paternidad ante el abandono de deberes. La abogada explicó que el proyecto viene a proponer un cambio estructural porque prevé suspender la responsabilidad parental en casos de mora alimentaria o falta de contacto. “La ley busca el cumplimiento de esas obligaciones”, señaló Godoy.
La normativa tiene un objetivo claro: evitar que el progenitor ausente intervenga únicamente para entorpecer la crianza. En palabras de la especialista, la ley “busca poner un límite a esos progenitores que no están presentes, no se hacen cargo, pero aparecen para limitar u obstaculizar las tareas de cuidado del otro progenitor”. Se trata de proteger la autonomía de quien sí cumple con el cuidado diario.
Al referirse al nombre mediático de la ley, Godoy conectó la situación de los artistas Cazzu y Nodal con la realidad de muchas familias argentinas. Para la profesional, lo importante es que el tema llegó al debate público para poner un freno a una vulneración histórica: “Se pudo poner en debate estas cuestiones, y esto no es ni más ni menos que violencia”, sentenció.
Finalmente, la especialista aclaró que la medida de suspensión de la responsabilidad parental no implica una ruptura irreversible del vínculo de forma automática. Según detalló hacia el cierre de su análisis, este mecanismo legal “no es definitivo, se suspende de manera provisoria”, funcionando como una herramienta de presión y protección para garantizar el derecho alimentario de los menores.