La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un acuerdo extraordinario para este viernes con el objetivo de resolver el futuro de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) y la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023, que había eliminado los límites a la compra de campos por parte de extranjeros.
Para destrabar el expediente y alcanzar la mayoría necesaria de cinco miembros ante las disidencias internas entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal incorporó formalmente a dos conjueces —los magistrados Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci— tras un acelerado sorteo y acortamiento de plazos procesales.
Un debate clave bajo la lupa
El conflicto judicial, que mantiene en vilo a sectores ambientales, políticos y sociales, gira en torno a si el Poder Ejecutivo podía o no derogar por decreto las restricciones normativas que protegían el dominio territorial nacional. Voces críticas como la de Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras y coautora de la legislación original, quien dialogó con MEDIOS RIOJA, han cuestionado duramente los movimientos del tribunal, advirtiendo sobre el impacto directo que la desregulación genera en términos de extranjerización y soberanía de los recursos estratégicos.
En paralelo, la incertidumbre legal se replicó en el plano operativo: en las últimas semanas, los trámites de inscripción y control sobre transacciones de tierras rurales en manos de capitales extranjeros sufrieron demoras y un virtual parate a la espera de certezas jurídicas definitivas.
Cuestionamientos al funcionamiento judicial
La decisión de la Corte se da en un clima de fuerte escrutinio público sobre el funcionamiento del poder judicial. Diversos sectores cuestionan las condiciones de transparencia institucional del máximo tribunal, señalando la falta de publicidad en las declaraciones juradas y los regímenes de retribuciones de los magistrados, a quienes críticos y referentes políticos suelen calificar como parte de una «casta» alejada del control ciudadano.
Con los conjueces ya juramentados y la causa en condiciones de dictar sentencia, el acuerdo extraordinario de este viernes se convierte en uno de los fallos políticos y económicos más sensibles del año para el tablero institucional argentino.