El presidente Javier Milei firmó el veto total a la emergencia en salud pediátrica, luego de haber tomado idéntica decisión con respecto a la ley de financiamiento universitario.
Fuentes oficiales revelaron a la agencia Noticias Argentinas que la medida sería confirmada a través del Boletín Oficial, con el número 27.796; en tanto, la medida fue anunciada a los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) más cercanos al mandatario.
La ley de emergencia pediátrica hubiese habilitado más fondos para el Hospital Garrahan, cuyos profesionales vienen reclamando mejoras salariales desde hace unos meses, en medio de la polémica por esta decisión del gobierno, de recortar gastos en un área tan sensible.
Asimismo, en las próximas horas se haría oficial el rechazo a la ley de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, que al igual que las otras dos (financiamiento universitario y emergencia pediátrica) habían sido aprobadas en el Congreso.
«No» a las universidades
Más temprano, el Gobierno vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:
Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:
Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.
Garantizar la formación continua.
Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
Incrementar recursos para tecnología digital.
Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.
Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
Promover la función de extensión universitaria.
Desarrollar la función de investigación.
Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.
Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.