La diputada nacional y denunciante, dialogó con MEDIOS RIOJA, donde cuestionó la ética del Gobierno y confirmó que citarán al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Comisión Investigadora. «Es asqueante que se asalte la banca pública de esa manera», disparó.
La diputada nacional Mónica Frade, integrante de la comisión que investiga la denominada Causa Libra, lanzó duras críticas hacia la gestión actual, a la que calificó como un «gobierno de prórroga» por repetir prácticas de administraciones anteriores. En este contexto, la legisladora confirmó que el avance de la investigación derivará en la citación de Manuel Adorni para que brinde explicaciones sobre el manejo de fondos y beneficios.
Frade centró gran parte de su denuncia en el otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios por parte del Banco Nación a funcionarios del área de Economía. Según la diputada, existen sospechas fundadas sobre delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad, dado que las condiciones de acceso a estos préstamos no coinciden con las de un ciudadano común.
Uno de los puntos más calientes de sus declaraciones fue la mención al caso de Sharif Menem, joven funcionario de 24 años vinculado a la familia política riojana. «Es un niño con un sueldo de 2 millones y medio de pesos que accede a un crédito por más de 200 millones. No conozco ningún joven de esa edad, en cargos transitorios, que califique para eso», sentenció Frade, poniendo el foco en las garantías presentadas.
La legisladora también comparó esta situación con otros casos de la Libertad Avanza, como el de Lorena Villaverde, señalando una doble vara en la entidad bancaria. «Tiene el sueldo embargado y nadie le da un crédito hipotecario a alguien así. Es asqueante desde el punto de vista ético que asalten la banca pública con el discurso de que lo público debe ser destruido», manifestó con dureza.
Para Frade, estas irregularidades no solo representan un problema ético, sino que afectan directamente la llegada de capitales al país. Según su visión, la falta de transparencia en los organismos del Estado genera un escenario de incertidumbre. «Si no hay seguridad jurídica, nadie va a invertir en el país», advirtió, vinculando este manejo con otras problemáticas ambientales y de recursos naturales.
Finalmente, la diputada reafirmó que será la Justicia la encargada de determinar los motivos detrás de estas adjudicaciones. La Comisión Investigadora buscará determinar si hubo acceso a información privilegiada para favorecer a integrantes del círculo oficialista, en una causa que promete seguir sumando nombres de peso en las próximas semanas.
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