En un contexto de fuerte debate nacional por el proyecto del Gobierno nacional que propone flexibilizar el acceso de personas y empresas extranjeras a la propiedad de tierras en el país, el gobernador Ricardo Quintela envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca fortalecer la protección del dominio rural provincial. La iniciativa reglamenta el artículo 81 de la Constitución de La Rioja y establece límites, controles y prohibiciones para preservar el territorio, los recursos naturales y la producción local.
Mientras a nivel nacional se discuten modificaciones al régimen de acceso a la tierra que despertaron preocupación y rechazo en distintos sectores sociales, productivos y ambientales, la Provincia propone consolidar un modelo basado en la defensa del territorio como un recurso estratégico para el desarrollo, la soberanía y las futuras generaciones.
En ese sentido, el proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela sostiene que la tierra no constituye únicamente un bien económico sujeto a las reglas del mercado, sino un componente esencial del Estado, estrechamente vinculado al ejercicio de la soberanía, la preservación ambiental, la seguridad alimentaria y el control de los recursos naturales. Asimismo, advierte sobre los riesgos que implica la concentración de grandes extensiones de tierra en manos extranjeras, especialmente cuando se trata de zonas estratégicas, fuentes de agua o áreas de alto valor ecológico.
La iniciativa establece un régimen integral para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre tierras rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras, fijando criterios claros para determinar quiénes quedan alcanzados por la norma y declarando su carácter de orden público e interés provincial estratégico.
Disposiciones
Entre sus principales disposiciones, el proyecto limita al tres por ciento la superficie rural que podrá encontrarse en manos extranjeras tanto a nivel provincial como departamental, e incorpora además un límite por nacionalidad para evitar procesos de concentración territorial.
Asimismo, prohíbe expresamente que personas o empresas extranjeras puedan adquirir, alquilar o acceder mediante concesiones a tierras ubicadas en franjas de seguridad de frontera, inmuebles que contengan ríos, acuíferos, nacientes o zonas de recarga hídrica, áreas naturales protegidas, reservas de biosfera, parques provinciales, zonas declaradas en emergencia ambiental, sitios arqueológicos y culturales, tierras destinadas a la agricultura familiar, programas de colonización estatal y espacios reservados para infraestructura pública o definidos como estratégicos por ley.
Como parte del sistema de control, el proyecto crea el Registro Único Provincial de Tierras Rurales, que tendrá la responsabilidad de fiscalizar y mantener actualizado el dominio rural de la provincia. Además, toda operación que involucre tierras rurales y sujetos extranjeros deberá contar previamente con un Certificado de Habilitación emitido por la autoridad de aplicación, condición indispensable para su validez e inscripción registral.
Sanciones
La propuesta también prevé un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa, que incluye la nulidad absoluta de las operaciones realizadas en infracción, multas de hasta el cincuenta por ciento del valor fiscal del inmueble y la obligación de desinvertir o vender las tierras adquiridas irregularmente en un plazo máximo de trescientos sesenta días. Asimismo, establece un relevamiento obligatorio de todos los actuales titulares extranjeros de tierras rurales dentro de los ciento ochenta días posteriores a la promulgación de la ley.
Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja busca consolidar un marco jurídico que preserve el dominio provincial sobre el territorio rural, garantice la protección de los recursos hídricos y ambientales, fortalezca la producción local y asegure que el aprovechamiento de la tierra responda al interés público y al desarrollo estratégico de la provincia, en un escenario nacional donde la discusión sobre la propiedad de la tierra ocupa un lugar central en la agenda política.