Tras la designación del nuevo jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Gobierno avanzó este viernes con la aprobación de una nueva Política de Inteligencia Nacional. La medida, presentada como un paso central dentro del proceso de reestructuración del organismo, apunta a fortalecer la seguridad nacional, mejorar la protección de recursos estratégicos y enfrentar amenazas globales, entre ellas ciberataques, desinformación y crimen organizado.
A través del Decreto 864/2025, publicado en el Boletín Oficial, quedaron establecidos los lineamientos que regirán al Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). En el texto se indicó: “Apruébase la ‘Política de Inteligencia Nacional’ que como ANEXO I (IF-2025-134204819-APN-SIDE) forma parte integrante del presente decreto”.
Una actualización inédita en dos décadas
Antes de su oficialización, desde la SIDE habían anticipado la definición de esta política mediante un comunicado difundido en redes sociales. Según explicaron, “por primera vez en dos décadas” se concretaba una actualización en esta materia.
Las autoridades subrayaron que estas disposiciones buscarán orientar el trabajo de todo el sistema de inteligencia con el fin de consolidar “un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad”. Además, remarcaron que a partir de esta instancia, la SIDE queda habilitada para elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional, que deberá respetar las bases fijadas por la política recientemente aprobada.
Posicionar a la Argentina y preservar la autonomía estratégica
Entre los objetivos trazados para el SIN, las autoridades destacaron la necesidad de posicionar a la Argentina en el plano internacional y, al mismo tiempo, resguardar la soberanía y la autonomía del país en materia estratégica.
El documento remarca la importancia de identificar actores e intereses que contribuyan a la expansión internacional del país, además de detectar aquellos factores externos que puedan perjudicar “el fortalecimiento económico, el desarrollo científico tecnológico y la autonomía en la toma de decisiones”.
Monitoreo de desinformación y resguardo institucional
Un punto relevante de la nueva política tiene que ver con la protección de la soberanía frente a fenómenos que afecten la estabilidad institucional. En ese sentido, se anunció que habrá un monitoreo de la desinformación disruptiva, principalmente aquella que pueda “erosionar la cohesión institucional y la legitimidad del Estado Nacional”.
Asimismo, se enfatiza la necesidad de asegurar la vigencia del sistema democrático, republicano y federal mediante la protección de los procesos electorales, legislativos y de gobernanza territorial. Según detalla la normativa, se pondrá especial atención en “operaciones de influencia, financiamiento encubierto y manipulación informativa”.
Protección de recursos estratégicos y defensa en el ciberespacio
La política también incorpora ejes vinculados a la defensa de los recursos estratégicos y de las infraestructuras esenciales del país. En este marco, se prevé anticipar y enfrentar amenazas en el ciberespacio, reforzando la seguridad de la información considerada relevante para el desarrollo económico y la seguridad nacional.
Se pondrán en marcha acciones destinadas a resguardar la sostenibilidad y soberanía sobre insumos vitales. El Gobierno señaló que trabajará para articular capacidades de protección ambiental, energética y tecnológica, con el objetivo de evitar riesgos de apropiación, explotación o transferencia no autorizada de recursos naturales, tecnológicos, informativos o científicos.
Cuidado del sistema democrático y transparencia operativa
Otro de los lineamientos apunta a reforzar la trazabilidad de decisiones críticas dentro del Estado y la transparencia operativa. Estas medidas buscan actuar como barreras frente a la opacidad, la cooptación o intentos de deslegitimación institucional, además de detectar patrones que puedan generar un efecto de “erosión institucional”.
Lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y amenazas externas
Finalmente, la Secretaría de Inteligencia de Estado recalcó que esta política establece como prioridad la prevención y el combate del terrorismo y el crimen organizado en todas sus variantes. También incorpora entre sus objetivos la tarea de contrarrestar actividades de inteligencia externas que pudieran afectar los intereses nacionales.
Según remarcaron, estos lineamientos marcarán el rumbo de los esfuerzos de todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con la finalidad de fortalecer la seguridad y la autonomía de la Nación.