La implementación del régimen penal juvenil en La Rioja comenzó a generar sus primeras consecuencias judiciales tras registrarse la primera intervención en la provincia a raíz de una pelea escolar caratulada como lesiones. Ante este escenario, el Defensor General de la Provincia, Gastón Mercado Luna, dialogó con MEDIOS RIOJA y analizó el alcance real de la normativa, los desafíos estructurales que enfrenta el sistema y la necesidad urgente de apostar a la prevención y a la educación.
El funcionario explicó que, a partir de los 14 años, los menores pueden incurrir en conductas punibles similares a las de los mayores, abarcando un universo cercano a los 220 delitos previstos en el Código Penal. Al respecto, aclaró que la medida no implica necesariamente un encierro carcelario, sino la apertura formal de un proceso judicial: «No van presos, sino que se les abre un proceso igual a la de mayores. Una pelea en un Colegio, es lesiones; divulgar una foto de una amiga desnuda, se abre proceso. En el caso puntual de lesiones, es por una pelea en un colegio».
Asimismo, Mercado Luna se refirió a los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la norma y señaló que el debate no se dio de forma oportuna a nivel nacional: «Por qué no se avanzó en la inconstitucionalidad, es que nadie avanzó cuando se discutió sino solo de menores que robaban, o de un menor delincuente, que consume casos extremos; nadie vio que los menores están expuestos y que una travesura, picardía puede caer en que cuando tengan 40 años, tengan abierto un proceso».
En cuanto a las garantías procesales y la respuesta institucional, el Defensor General detalló que la dinámica cambió radicalmente para las familias y los jóvenes involucrados: «Cuando el más 14 peleaba en el colegio, lo llamaban a su padre, y ahora, se le dice tiene derecho a un abogado. Nos darán intervención en su momento, porque sigue siendo un menor. Tendrá un abogado penalista, y un defensor intermediario, porque es menor». Además, advirtió sobre las limitaciones de infraestructura con las que cuenta la provincia: «Por ahora La Rioja tiene el lugar de alojamiento para menores, solamente para tres personas, y nunca lo tuvimos. No tenemos que pensar en delitos mayores, y ojalá nunca tengamos que ocupar esa celda destinada a un menor, sino que ahora nos queda prevenir».
El funcionario también puso el foco en la vulnerabilidad social y en cómo la ley impacta de manera desigual en los sectores más desprotegidos: «Un chico marginal, con papá y mamá con adicciones, no van a tener oportunidades. Están muy lejos. Aquí han nacido bebés en el HMYN con abstinencia, hijos de mamá que consumen, y esos chicos quizás no tengan oportunidades. Hay que trabajar sobre los que tienen oportunidades, y no esperar a que yo vaya y los defienda. Los chicos ven y después cambian».
Finalmente, remarcó que la solución no pasa estrictamente por el endurecimiento punitivo, sino por anticiparse a los conflictos mediante nuevas herramientas pedagógicas y comunicacionales: «Hay que generar conciencia a través de los medios que los chicos usan. Nos pongamos en el idioma de ellos, que yo estoy lejano. Hay que repensar en el idioma que ellos manejan, porque cuando cometan el delito, es tarde. Yo cambiaría la curricula entre sexto y séptimo grado. No poner más leyes panales, sino que sepan los chicos que ha salido una ley penal sobre ellos. Debemos viajar a ese diálogo. Primero les enseñemos sobre drogadicción, sobre leyes penales, más que inglés. Bajemos al lugar de quienes no tienen oportunidades».