El régimen chavista intensificó su acoso contra la prensa venezolana, dejando a periodistas tras las rejas, con órdenes de captura y medios de comunicación en riesgo constante.
En medio de la contienda electoral que se avecina en julio en Venezuela, el régimen chavista, encabezado por Nicolás Maduro, desató una ofensiva contra los medios de comunicación, caracterizada por la censura, el hostigamiento y la intimidación hacia periodistas y medios independientes.
Uno de los casos más recientes es el del periodista Ramón de Jesús Centeno Navas, quien se encuentra tras las rejas y enfrenta un juicio por una entrevista no publicada a un diputado vinculado al narcotráfico dentro de la revolución bolivariana. Asimismo, la periodista Sebastiana Barráez enfrenta una orden de aprehensión, junto con los comunicadores Norbey Marín y Wender Villalobos, en el marco de la llamada Operación Brazalete Blanco.
La situación se agrava con la salida de circulación de numerosos programas de radio, emisoras y portales, siendo el caso más reciente el del cierre del portal FronteraViva. La organización no gubernamental Espacio Público documentó un incremento de la represión en marzo de 2024, reportando 21 casos y 36 violaciones a la libertad de expresión en ese mes.
Sin embargo, muchos de estos ataques no son visibilizados, como el ocurrido en el barrio Santa Eduvigis, Quíbor, estado Lara, donde un funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), acompañado por la Guardia Nacional, allanó la vivienda de Víctor González, representante de la emisora comunitaria Reconciliación 93.5 FM. Los funcionarios confiscaron los equipos de la emisora bajo amenazas, y advirtieron a González de no hacer pública la denuncia.
El informe de Espacio Público denuncia el papel de instituciones y funcionarios vinculados al Estado venezolano en esta ola de represión, confirmando un patrón de persecución a la libertad de expresión y la impunidad con la que operan estos actores. Casos como el del sociólogo Edison Arciniega, acusado de «incitación al odio» por sus publicaciones en redes sociales.
Otro caso emblemático es el del creador de contenidos Armando Sarmiento, detenido por funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por «instigación al odio» tras la difusión de material crítico hacia el gobierno de Maduro. A pesar de la falta de elementos de convicción, fue condenado bajo una normativa contra el odio vigente desde 2017.