Integrantes del partido liberal sostienen que la presunta violencia ejercida contra su pareja, “constituiría un hecho ilícito que, en principio, por acción o por omisión, habría gozado de la protección de quienes custodian al Presidente y su familia».
Miembros del partido liberal Republicanos Unidos presentaron una denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, tras la presentación realizada por su ex pareja, Fabiola Yañez, en la que lo acusa por violencia de género. La denuncia lleva las firmas de José Lucas Magioncalda, Mariana Soledad Crispulo, Gabriel Alejandro Salvatore, Mariano José Mizrahi, Ximena de Tezanos Pinto, Felipe Odriozola, Carlos María García y Juan Martín Fazio.
Según la denuncia de Republicanos Unidos, la acción se basa en una investigación del periodista Claudio Savoia, quien descubrió que el juez Julián Ercolini contactó a la ex primera dama, Fabiola Yañez, por la posibilidad de que hubiera sido víctima de violencia de género por parte del ex presidente Fernández. Inicialmente, Yañez se negó a impulsar la investigación, pero el 6 de agosto de 2024 decidió denunciar a Fernández formalmente.
El texto judicial detalla que se encontraron fotos y videos en el celular de María Cantero, la secretaria de Fernández, que parecen confirmar actos de violencia contra Yañez. Entre el material, se hallaron imágenes de Yañez con signos visibles de golpes y audios donde describe presuntas golpizas, incluso durante su embarazo.
En esa línea, los firmantes entienden que “la eventual agresión física a la entonces Primera Dama, por parte del Primer Mandatario, constituiría la vulneración de elementales normas de ética pública de carácter legal y reglamentario, tales como el deber de utilizar la función y los bienes asignados al denunciado con fines lícitos y sin abusar de ellos para la comisión de ilícitos, el deber de rectitud, el deber de evitar acciones que desprestigien la función pública, el deber de seguir conductas que no puedan ser objeto de reproche, el deber de no adoptar represalias, a menos que las mismas emanen del ejercicio del cargo, y el deber de llevar adelante una conducta digna y decorosa”.
«Buscamos que se investiguen estos graves hechos y que se haga justicia por las víctimas de todo tipo de violencia, independientemente de quién sea el acusado. Es fundamental que los funcionarios públicos no solo sean idóneos en su aspecto profesional, sino también en su conducta moral», declaró Magioncalda, abogado e integrante del partido.
La presentación se enmarca en los artículos 248 y 249 del Código Penal y busca esclarecer si Fernández, en su calidad de presidente, cometió actos ilícitos bajo la protección de su cargo y su custodia oficial.