Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico se presentaron este jueves en los tribunales federales de Retiro para declarar como testigos en la causa por la filtración de audios atribuidos a Karina Milei. Ambos respondieron preguntas del fiscal Carlos Stornelli y se comprometieron a aportar el material difundido en sus programas.
En la misma jornada también declaró Guido Valeri, productor y socio del canal de streaming Carnaval, medio en el que se reprodujeron los primeros dos audios. El tercero se conoció en el programa uruguayo Dopamina, luego de que la Justicia local prohibiera nuevas difusiones.
El expediente se inició a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad, que alertó sobre una posible operación de inteligencia detrás de las escuchas. En el caso ya se incorporaron tres grabaciones atribuidas a la secretaria general de la Presidencia.
El material fue resguardado en un sobre lacrado, sellado en presencia de todas las partes, con el objetivo de preservar la cadena de custodia. El análisis técnico de esos archivos se considera una de las pruebas centrales para determinar su origen.
El Gobierno apuntó a Franco Bindi, abogado y empresario vinculado a la diputada Marcela Pagano, como principal responsable de la filtración. También mencionó a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, en el marco de la denuncia.
Según el escrito oficial, la difusión de las grabaciones buscaba “influir ilegítimamente en la opinión pública, desinformar a la población y alterar la estabilidad política y económica en plena campaña legislativa”. Por eso, el Ejecutivo pidió allanamientos en las oficinas de Carnaval, domicilios particulares y el secuestro de equipos técnicos.
El fiscal Stornelli, sin embargo, se mostró cauteloso frente a esos reclamos. Al solicitar al juez Julián Ercolini la investigación, dejó en claro que la Constitución protege el secreto de las fuentes periodísticas. “No se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, ello por mandato constitucional”, dictaminó.
En sus declaraciones, tanto Rial como Federico invocaron ese derecho y evitaron revelar la procedencia de los audios. Stornelli no insistió con el tema y mantuvo el encuadre testimonial, descartando la pretensión del Ejecutivo de imputarlos.
Mauro Federico expresó alivio por la decisión judicial. “No somos imputados, como pedía la denuncia presentada por la ministra Patricia Bullrich”, subrayó. Además, confirmó que entregará al fiscal Stornelli los 50 audios que ya había aportado en otra causa vinculada a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Sobre los audios atribuidos a Karina Milei, Federico aseguró que solo conoce lo difundido públicamente. “Sabemos que son de Karina Milei porque lo confirmó Manuel Adorni y luego lo ratificó Martín Menem, que reconoció la conversación”, explicó.
En paralelo, Jorge Rial sostuvo que no tuvo acceso previo a las grabaciones. “Yo no tuve acceso ni le di difusión”, aclaró tras una breve exposición en la fiscalía.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había señalado que los audios se registraron en Casa Rosada, mientras que Martín Menem indicó que otra de las conversaciones se produjo en el Congreso. Esos elementos refuerzan la autenticidad de las grabaciones, aunque la Justicia todavía debe confirmarlo con peritajes.
Con las testimoniales incorporadas y el material bajo análisis, el expediente seguirá en manos de Stornelli. La fiscalía apunta a determinar si se trató de una operación política y, en ese caso, quiénes fueron los responsables de la filtración.
Fuente: N A