El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, advirtió que la eventual aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei podría abrir un nuevo y prolongado frente judicial, con la posibilidad de que su aplicación quede en suspenso durante meses o incluso años.
La advertencia pone el foco en uno de los principales riesgos que enfrenta el proyecto oficial: la judicialización temprana y fragmentada de una reforma estructural clave para la agenda económica del Gobierno.
Un sistema que habilita fallos en todo el país
Rosatti explicó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es “difuso”, lo que habilita a que cualquier juez, en cualquier punto del país, pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley.
Ese esquema, según señaló, puede derivar en una situación en la que la reforma quede virtualmente suspendida por decisiones judiciales dispares, incluso antes de que la Corte Suprema fije una posición definitiva.
“Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, remarcó el magistrado.
Fallos contradictorios y tiempos prolongados
El titular del máximo tribunal explicó que, si bien la Corte Suprema puede eventualmente ordenar la jurisprudencia y unificar criterios, ese proceso “lógicamente lleva su tiempo”.
En ese lapso, se acumulan decisiones contradictorias en distintos juzgados, lo que genera un escenario de incertidumbre jurídica para el Estado, las empresas y los trabajadores alcanzados por la reforma.
Un antecedente reciente con la Ley Bases
En una entrevista, Rosatti recordó que este escenario ya se vivió con un capítulo de la reforma laboral incluida en la Ley Bases, que fue declarada inconstitucional por un juez del fuero laboral.
Ese fallo todavía espera una resolución definitiva de la Corte Suprema, lo que refuerza la advertencia sobre los tiempos judiciales que suelen atravesar este tipo de normas.
El debate sobre la obligatoriedad de los fallos de la Corte
Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula que obligue a los tribunales inferiores a acatar de manera inmediata los fallos de la Corte, Rosatti respondió que los legisladores “como poder podrían” avanzar en ese sentido.
Sin embargo, aclaró que una norma de ese tipo también sería cuestionada judicialmente y terminaría, una vez más, bajo revisión del propio máximo tribunal.
El impacto en la carga de trabajo del tribunal
Rosatti ilustró las consecuencias prácticas del sistema actual con un dato concreto: aseguró que el 60% de las causas que llegan a la Corte provienen del Estado, que vuelve a cuestionar decisiones previsionales sobre las que el tribunal ya fijó doctrina.
“Si eso se redujera, no tendríamos que decir siempre lo mismo”, señaló, al dejar en evidencia el costo institucional de la reiteración de litigios sobre temas ya resueltos.
Reformas estructurales atrapadas en la Justicia
Para el presidente de la Corte Suprema, el problema excede cualquier discusión ideológica y se vincula con la necesidad de encontrar una solución funcional al sistema judicial vigente.