El abogado del fuero local, Sergio Gómez, dialogó con MEDIOS RIOJA y analizó críticamente la implementación del sistema acusatorio en la provincia, la necesidad de un cambio estructural en la dinámica del trabajo judicial y el proyecto para elevar la cantidad de miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La falta de inversión y el desafío de la oralidad
Para Gómez, el éxito de cualquier reforma en la administración de justicia está directamente ligado al presupuesto. El letrado advirtió que las modificaciones normativas corren el riesgo de ser meramente cosméticas si no cuentan con el respaldo financiero adecuado:
«Siempre se recae en lo económico. Cuando no hay inversión, cambian de nombre, aumentan cargos y quizás el impacto en la administración de justicia no se va a ver reflejado. El tema económico es crucial, se necesita inversión».
En ese sentido, señaló que la transición hacia el sistema acusatorio exigirá un fuerte proceso de capacitación y un quiebre cultural en los trabajadores del sector:
«Hay que invertir tiempo, docentes y mirar ejemplos comparativos de otras provincias; experiencias comparadas», indicó.
«Tenemos una administración de justicia donde estamos todos acostumbrados al expediente papel, a la burocracia. Esa tradición va a ser elemental que todos los operadores la cambien por la dinámica del sistema acusatorio, donde las audiencias serán orales», consideró.
Respecto al nuevo rol de las partes, Gómez consideró que el cambio «tiene que ver con las garantías constitucionales y con modificar la discrecionalidad del sistema de acusación del Ministerio Público Fiscal. Esa selectividad caerá en manos de la fiscalía, con un orden de garantías por parte del juez».
Duras críticas al TSJ y reclamo de transparencia
Al ser consultado sobre el proyecto para ampliar el número de magistrados en el máximo tribunal de la provincia, el abogado lanzó duras críticas hacia la composición actual y priorizó la necesidad de acceso a la información pública por sobre el aumento de vacantes.
«El problema del TSJ es que es el peor superior tribunal de justicia de la historia de La Rioja. Antes que poner dos sillas más, que pongan un sistema más transparente».
Gómez enfatizó que la falta de publicidad de los actos judiciales atenta contra el sistema democrático y ejemplificó las falencias de la plataforma web oficial:
Falta de información institucional: «¿Sabemos cuál es el último accionar en cuanto a despidos de empleados? No. Esa transparencia es el cimiento de un modelo democrático, de un Estado de derecho».
Falta de jurisprudencia accesible: «No podemos consultar en la página de la Función Judicial. Se sacan fotos en casos de violencia o en auditorios, pero no hay fallos ni casos a disposición de la ciudadanía. Si queremos un Estado de derecho, hay que transparentar los actos».