El ministro de Desregulación y Transformación del Estado rechazó la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana y aseguró que «es la representación de los últimos estertores de esta Argentina del pasado».
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, que suspendió de manera provisoria el DNU 430/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que decretaba la eliminación del feriado del 27 de junio para los trabajadores de la administración pública nacional.
«La Justicia lo dictaminó fulminantemente. Decimos que la Justicia es lenta, pero para no laburar te sacan un fallo en dos minutos. Es la representación de los últimos estertores de esta Argentina del pasado, con ese tipo de valores», consideró el funcionario de Casa Rosada en declaraciones a Radio Mitre.
«Por día, los argentinos ponemos $11.000 millones en los salarios de la gente que estaban supuestamente comprendidos de este tema, básicamente la gente de la administración pública central», agregó Sturzenegger, quien fuera el artífice del «blindaje» y el «megacanje» durante el gobierno de Fernando De la Rúa en 2001, y de las Lebacs en el gobierno de Mauricio Macri, operaciones financieras que ocasionaron enormes perjuicios a las cuentas públicas.
El ministro de Desregulación también se refirió a la política que lleva adelante el gobierno de Javier Milei para reducir el Estado. «Venimos con un trabajo de adecuación del sector público. El otro día lo hablábamos con Javier. El INADI, el Ministerio de la Mujer… Decíamos que eso era una fachada de instrumentos de persecución política y aguantaderos de militantes. Con el cierre de estos lugares le estamos ahorrando u$s2.000 millones de dólares a los contribuyentes. Son u$s2.000 millones menos de impuestos que tenemos que pagar todos», remarcó.
Y no pudo evitar pronunciarse acerca de la situación del Hospital Garrahan y el conflicto que mantienen sus trabajadores con el Gobierno. «Tiene más de 5.000 empleados y 300 son médicos. Después están los residentes. La salud de los niños es un tema de extraordinaria sensibilidad para toda la sociedad, pero tenés la responsabilidad de que el gasto vaya a los médicos y los recursos vayan a los residentes, no a todos estos otros. Entonces, el Gobierno dijo ‘le voy a poner el control biométrico de acceso’ y de repente hay un conflicto», sostuvo el ministro, cargando la responsabilidad en los trabajadores.
«¿Cómo no van a cobrar mal (los médicos) si tienen que sostener a 1.000 o 1.500 personas que no vienen a trabajar?», se preguntó.