El abogado de los denunciantes, Nicolás Mercado, dialogó con MEDIOS RIOJA y expuso detalles lapidarios sobre el accionar de los ocho efectivos policiales detenidos e imputados por apremios ilegales. Cuestionó el encubrimiento inicial y la falta de sustento en la investigación por el robo que motivó el operativo.
La causa por los violentos apremios ilegales y torturas cometidos en la Comisaría de Ulapes sumó nuevas y escandalosas revelaciones. En diálogo con la prensa, el abogado querellante Nicolás Mercado desnudó el entramado delictivo y administrativo montado por la fuerza policial tras un operativo ejecutado por fuera de la ley.
Actualmente, hay ocho policías detenidos e imputados por privación ilegítima de la libertad, apremios y torturas, luego de que la investigación encabezada por el fiscal Julián De la Colina determinara que actuaron sin ningún tipo de orden judicial para realizar allanamientos, requisas y detenciones.
«Armaban todo un sumario para justificar las lesiones»
Según precisó la querella, el modus operandi de los efectivos incluyó allanamientos fuera de jurisdicción, falsificación de actas y ocultamiento de registros.
- Sin registros de ingreso: En los libros de guardia de la comisaría no dejaron constancia del ingreso de las víctimas en las primeras horas del 16 de junio.
- Relatos ficticios: La policía intentó justificar el procedimiento inventando un supuesto rastrillaje y una «autorización voluntaria» del dueño de casa, omitiendo por completo los forcejeos y las graves lesiones provocadas. “Armaban todo un sumario para justificar las lesiones que presentaban esas personas”, sentenció Mercado.
- Torturas explícitas: Uno de los damnificados fue hallado por el titular de Investigaciones tirado en el suelo, esposado y con fracturas en las costillas.
Contradicciones temporales y encubrimiento político
El informe oficial de la comisaría choca frontalmente con los tiempos del expediente. Mientras el jefe de la dependencia tomó conocimiento del hecho en Villa Nidia a las 21:55 del 15 de junio, los registros afirman que la persona ya estaba detenida a las 03:00 de la madrugada. No obstante, las pericias de rastreo y levantamiento de huellas supuestamente comenzaron «con la luz del día».
Asimismo, la querella apuntó duramente contra el mensaje institucional y el amparo político del que habrían gozado los acusados: “Hasta el 24 [de junio] trabajaron normalmente; luego se les otorgó licencia reglamentaria y receso, mientras el ministro [de Seguridad, Zárate] y la cúpula daban respuestas de que se habían tomado medidas necesarias”, cuestionó el letrado, criticando que no fueran suspendidos de inmediato.
El robo principal apunta a otra dirección
Mientras avanza el proceso contra los policías por violencia institucional, la investigación por el robo que originó el operativo —damnificando a un vecino identificado como Saúl Quinteros— transcurre por carriles ajenos a los detenidos.
De acuerdo con las líneas investigativas, las sospechas se centran en personas de la zona de Quines, en la provincia de San Luis. “Tenemos la tranquilidad de que nuestros representados nada tienen que ver en esos hechos, pero queremos determinar cuál fue la razón por la que actuaron con tanta premura”, concluyó Mercado, exigiendo que se profundicen las responsabilidades políticas e institucionales detrás del caso.