La Ciudad de Ulapes se encuentra conmocionada tras destaparse un grave caso de apremios ilegales y abusos de autoridad, ocurridos en el marco de una investigación por el robo de 24 millones de pesos. La situación derivó en la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos y el desplazamiento de las autoridades de la comisaría local.
El inicio del conflicto
El hecho, que salió a la luz tras la intervención del abogado de los denunciantes, se originó en un procedimiento policial marcado por la irregularidad. Según se informó, la detención de las personas involucradas se efectuó sin una orden judicial previa y bajo un escenario de sospecha y no de flagrancia, tal como exige la normativa legal.
Las víctimas denunciaron haber sido sometidas a tratos inhumanos dentro de la sede policial de Chepes, incluyendo actos de tortura mediante el uso de picana eléctrica y la práctica conocida como «submarino». Estas graves acusaciones fueron comunicadas formalmente ante la Secretaría de Derechos Humanos, desde donde se advirtió sobre el estado físico de los detenidos tras los episodios.
Medidas administrativas y judiciales
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Seguridad tomó la determinación de separar de sus funciones a los comisarios Durán y Castillo, responsables de la dependencia, y designar al comisario inspector Sergio Farías como jefe interino para normalizar la situación operativa. Paralelamente, la Dirección de Asuntos Internos inició un sumario administrativo para deslindar responsabilidades.
En el plano judicial, la Secretaría de Derechos Humanos, a través de su titular Délfor Brizuela, ha manifestado su profunda preocupación por la aparente lentitud en el avance de la causa. Se solicitó el apartamiento del fiscal de Chepes, cuestionando la falta de celeridad para recolectar pruebas fundamentales, como las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaría, que resultan clave para esclarecer lo ocurrido.
Situación de los efectivos implicados
La investigación penal alcanza actualmente a seis efectivos policiales identificados como Diego Alberto Castillo, Gustavo Gastón González, Nelson Gabriel Avila, Walter Nahuel Quintero, Mario Jesús Gutierrez y Jorge Luis Roja.
Ante el inminente avance de la causa y el riesgo de quedar detenidos, la defensa de los uniformados presentó pedidos de eximición de prisión. Por su parte, la magistrada interviniente decidió inhibirse de continuar en el caso, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre sobre cómo seguirá el proceso judicial en los próximos días.