La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se encuentra en el centro de un nuevo conflicto institucional. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció esta semana que el Poder Ejecutivo, bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, avanza con un plan de «reorientación institucional» que busca desmantelar las capacidades operativas del organismo.
Esta medida ocurre a pesar de que, en agosto del año pasado, el Congreso de la Nación rechazó el decreto 461/2025, el cual establecía la disolución de Vialidad junto a otros entes de control y transporte. Según el gremio, el Gobierno intenta ahora concretar ese cierre de forma «administrativa y silenciosa» a través de un nuevo esquema organizacional.
Un cambio de paradigma: de ejecutar a fiscalizar
El informe interno que motivó la denuncia indica que Vialidad dejaría de tener entre sus funciones la construcción, mejora y conservación directa de la red vial nacional. El nuevo enfoque transformaría al organismo en un ente mínimo, dedicado exclusivamente a la planificación y fiscalización de las empresas privadas que obtengan las concesiones.
Graciela Aleñá, secretaria general del sindicato, calificó la maniobra como una «violación impune» de los poderes del Estado. «Aunque la Justicia y los legisladores le dijeron que no podía destruir la DNV, continúan con acciones para su vaciamiento», sentenció.
Privatización de rutas en marcha
En sintonía con este nuevo esquema, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, oficializó esta semana el llamado a licitación para la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
El objetivo del Ejecutivo es implementar un modelo «sin subsidios», donde el mantenimiento y la explotación queden en manos de privados. Sin embargo, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) alertan sobre la urgencia de la situación: actualmente, cerca del 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado «regular o malo», y advierten que el retiro del Estado profundizará el deterioro de la seguridad vial.
Responsabilidades legales
Ante este escenario, el gremio elevó una intimación formal a Federico Sturzenegger y a Maximiliano Fariña (secretario de Transformación del Estado), haciéndolos personalmente responsables de las consecuencias patrimoniales y sociales que puedan derivarse de la desarticulación de Vialidad Nacional.
El conflicto promete escalar en los próximos días, con los trabajadores en «estado de alerta máxima» y la posibilidad de que se inicien nuevas acciones judiciales para frenar la reestructuración del organismo estratégico encargado de la integración territorial del país.