El ministro de Seguridad dialogó con MEDIOS RIOJA y cuestionó los criterios judiciales tras la detención de un sospechoso con 100 tarjetas de débito. Reclamó un cambio de paradigma urgente para frenar la impunidad de los prestamistas que se aprovechan de personas vulnerables.
El ministro de Seguridad, Miguel Ángel Zárate, lanzó duras críticas contra el Poder Judicial y exigió un cambio radical en el abordaje de los delitos de usura, al advertir que la justicia suele archivar las causas bajo el pretexto de tratarse de meros acuerdos civiles respaldados por pagarés.
Las declaraciones del funcionario se producen en el marco de un reciente operativo policial originado por la denuncia de una ciudadana víctima de extorsión. Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad secuestraron un centenar de tarjetas de débito, un elemento clave que, según Zárate, destruye cualquier argumento de legalidad: «No hay manera de justificar que tengas en tu poder 100 tarjetas de débito».
Actualmente, el caso se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo del juez Barría, quien deberá definir la responsabilidad penal y la situación procesal del único detenido hasta el momento.
Asimetría y complicidad
Para el titular de la cartera de Seguridad, el principal obstáculo en la lucha contra este flagelo radica en la postura de magistrados y fiscales. Según explicó, la justicia penal suele rechazar la apertura de investigaciones cuando detecta la firma de un documento o un pagaré en blanco, derivando el conflicto al fuero civil como si se tratara de una disputa comercial entre partes iguales.
«Lo que protege el bien jurídico tiene que ver con una relación de asimetría de poder: una persona necesitada y otra aprovechándose de esa necesidad», enfatizó Zárate, al tiempo que advirtió sobre las graves consecuencias de esta laxitud institucional: «Si un prestamista sale por la puerta de la justicia como Pancho por su casa, ¿qué creen que va a pasar? Va a seguir cometiendo el delito».
Falta de política criminal
En su análisis sobre el funcionamiento del sistema, el ministro generalizó sus cuestionamientos hacia la falta de directrices claras en la persecución penal. En este sentido, señaló directamente al rol de la Fiscalía General y la necesidad de una política criminal firme que hoy —a su entender— brilla por su ausencia.
«La actividad delictiva creció porque archivan las denuncias contra los usureros», sentenció. Finalmente, Zárate hizo un llamamiento público a los magistrados para abandonar un paradigma que considera alejado de la protección real de las víctimas, exigiendo que se establezcan condiciones estrictas a los imputados para evitar que continúen operando impunemente en las calles.