El recorte al gas en zonas frías ya tiene media sanción: 1,6 millones de hogares podrían pagar hasta 100% más. El ajuste pega de lleno en los trabajadores.
La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que recorta los subsidios al gas para usuarios de zonas frías, una pieza clave del plan del Gobierno para sostener el superávit fiscal. La iniciativa fue aprobada con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y ahora deberá pasar por el Senado.
La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, apunta a reducir el gasto público y generar un ahorro estimado en torno a u$s 400 millones anuales. Pero el impacto doméstico podría ser fuerte: las boletas subirían entre 30% y 100% para hogares que pierdan el beneficio, según estimaciones privadas y advertencias de especialistas del sector energético.
El ajuste que llega a las boletas
El régimen de zonas frías permite descuentos en la factura de gas para usuarios de regiones con temperaturas bajas. El esquema fue ampliado en 2021 y llegó a cubrir a millones de hogares, con bonificaciones que pueden ir del 30% al 50% según el tipo de usuario y su condición socioeconómica. El ENARGAS informa que el beneficio puede alcanzar un descuento equivalente al 50% del cuadro tarifario pleno para determinados usuarios residenciales y entidades incluidas en el régimen.
Con el cambio aprobado en Diputados, el Gobierno busca volver a un esquema más acotado, concentrado en la Patagonia, la Puna y Malargüe, y limitar la asistencia en las zonas incorporadas durante la ampliación anterior. Esa modificación dejaría afuera del descuento automático a una parte importante de los usuarios que hoy pagan menos por estar dentro del régimen.
El oficialismo sostiene que el esquema actual genera distorsiones y subsidia a usuarios que no necesitan asistencia estatal. La discusión técnica, sin embargo, tiene un correlato directo en el bolsillo: para las familias que queden excluidas, el salto tarifario podría sentirse de inmediato en pleno invierno.
Cuánto más podrían pagar las familias
El exsubsecretario de Hidrocarburos y titular de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, advirtió que la reestructuración del régimen implica una reducción concreta de los beneficios sobre el gas mayorista, conocido como PIST. En ese esquema, explicó que el impacto se vincula con la eliminación de descuentos que hoy alivian parte de la factura.
La suba no sólo se explica por la pérdida del beneficio geográfico. El proyecto también modifica la forma de calcular la ayuda: el descuento dejaría de aplicarse sobre la factura total y pasaría a concentrarse en una porción del costo del gas. Eso implica que transporte, distribución y otros componentes del servicio pesarían más sobre el usuario final.
En números concretos, especialistas estiman que los hogares que pierdan el beneficio podrían enfrentar incrementos de entre 50% y 100%, mientras que quienes conserven parte de la asistencia también verían subas relevantes. En distritos donde el consumo de gas es alto, el cambio puede descuadrar cualquier presupuesto familiar.
El golpe para comercios e industrias
El recorte no se limita a los hogares. También podría impactar en comercios, pymes e industrias ubicadas en localidades que hasta ahora contaban con algún tratamiento diferencial. La suba del gas se trasladaría a los costos fijos de la actividad económica y, en algunos casos, podría terminar en los precios finales.
El problema es especialmente sensible en ciudades donde el gas no es un consumo estacional menor, sino una necesidad básica durante buena parte del año. Para comercios gastronómicos, panaderías, pequeños hoteles, talleres e industrias locales, una factura más pesada puede achicar márgenes o forzar aumentos.
La negociación por la “zona cálida”
Para destrabar la votación en Diputados, el Gobierno negoció con provincias del norte la creación de una compensación por “zona cálida”, orientada a subsidiar parte del consumo eléctrico en distritos con altas temperaturas. Entre las provincias mencionadas aparecen Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones y Santa Fe.
Esa jugada política abrió otra discusión: mientras se recorta el beneficio al gas en regiones frías o templadas-frías, se prometen compensaciones eléctricas para provincias donde el consumo se dispara en verano. El oficialismo busca cerrar la ecuación fiscal, pero necesita votos en el Congreso para que el proyecto no naufrague en el Senado.
La resistencia de las provincias afectadas
En Córdoba, una de las provincias que más resistencia mostró, el gobernador Martín Llaryora advirtió que el cambio pone en riesgo a cientos de miles de hogares. Según cálculos difundidos por el gobierno provincial, la modificación podría afectar a unos 688.000 hogares y a más de 2,2 millones de cordobeses.
La pelea promete escalar en la Cámara alta. Gobernadores, intendentes y legisladores de provincias alcanzadas por la ampliación del régimen buscarán frenar o modificar el texto. Del otro lado, la Casa Rosada necesita sostener el ahorro fiscal y evitar que el costo político del ajuste se desmadre.
El trasfondo fiscal del recorte
El recorte de subsidios energéticos forma parte de la estrategia oficial para preservar el equilibrio de las cuentas públicas. Con una economía todavía débil y tarifas que vienen subiendo por encima de los ingresos, el Gobierno intenta reducir transferencias sin tocar otras partidas más sensibles.