Los pliegos de Manuel García Mansilla y del juez federal Ariel Lijo penden de un hilo en el Senado, luego de que el presidente Javier Milei los nombrara por decreto en comisión en la Corte Suprema hace poco más de una semana.
Esto se debe a que cayó muy mal en la Cámara alta la acción del mandatario de meter por la ventana, prácticamente, a García Mansilla y Lijo a solo dos días del inicio del período ordinario de sesiones en el Congreso.
García Mansilla juró en la Corte el jueves de la semana pasada, pero su pliego aún está en el Senado sin tener ni siquiera las 9 firmas que habilitan su tratamiento en el recinto. Ese panorama cambió en las últimas horas.
Fuentes de diversos bloques consultadas por la Agencia Noticias Argentinas coincidieron en que, en realidad, al despacho de García Mansilla solo le faltaría una firma. De esta manera, el pliego del abogado estaría al borde de quedar expuesto a la suerte de los senadores en el hemiciclo, lo que podría ocurrir la semana próxima, también con el de Lijo.
El pliego de Lijo ya está habilitado para ser discutido, luego de aparecer por arte de magia el 12 de febrero pasado. Hoy la Corte Suprema rechazó el pedido de licencia extraordinaria del juez, lo que lo obliga a renunciar a su juzgado para asumir.
El kirchnerismo intentaba dar señales de cohesión y sostenían que buscan sesionar la próxima semana. «Terminar de admitir esto es terminar con el Parlamento», dijo un experimentado senador del interbloque peronista en diálogo con esta agencia.
Y añadió: «Creo que caen los dos. Si no caen los dos estamos fritos», reflexionó. Más allá del deseo y la predicción de este alfil K, en el kirchnerismo la posición no es unánime, al menos, frente a Lijo.
Algo similar sucede en la UCR, donde varios de sus exponentes, salvo contadas excepciones, se mantienen en silencio, como el presidente del partido, Martín Lousteau. Mientras tanto, el pedido de sesión especial del senador Pablo Blanco (Tierra del Fuego) está en stand by.
Por su parte, el PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, rechazó la designación por decreto de García Mansilla, pero tampoco avanzaba en ninguna acción ni dirección.
No parece haber puentes que unifiquen estas posturas para concretar una sesión. La única cuestión en común que comparten estos partidos, que funcionan sin liderazgos claros ni unánimes, es el rechazo por la designación en comisión de García Mansilla y Lijo.
Eso no significa que no apoyaran antes a cualquiera de estos dos candidatos. Pocos admiten que, en realidad, existe cierto grado de temor con Lijo por dos razones: si no llega a la Corte, continuará en su juzgado de Comodoro Py, y si llega, y alguno de estos no apoyó su pliego, estarían poniéndose en contra a un ministro del máximo tribunal.
La audacia en el Senado está en peligro de extinción. El ejemplo más reciente fue la fallida conformación de la comisión investigadora por el criptogate LIBRA, que también fue impulsada por el radical Blanco.
El rechazo a los nombramientos por decreto de Milei fue tan mal recibido que hasta integrantes del bloque Las Provincias Unidas se manifestaron en contra de la movida del Gobierno, que fue calificada por expertos como un juego al límite de la democracia.
El cuadro más resonante que se pronunció en ese bloque, que preside Carlos Espínola, es el de la senadora por Córdoba Alejandra Vigo: meses atrás se había fotografiado con la vicepresidenta Victoria Villarruel en apoyo a una candidatura de una mujer en lugar de Lijo.
Lo cierto es que, si el Senado avanza en el rechazo de ambos pliegos, como se esperaba, las dudas pasarán al plano técnico.
Sobre la validez de los nombramientos en comisión (artículo 99, inciso 4), el Gobierno sostiene que ambos jueces están en condiciones de permanecer en el tribunal (García-Mansilla ya juró) hasta noviembre de este año. De esa manera, solo pueden ser removidos por juicio político.
El FMI aclaró que no exige aprobación del Congreso para cerrar el acuerdo
Afirmó que ese paso es una decisión del Gobierno argentino.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aclaró este jueves que el acuerdo con la Argentina no dependerá de la aprobación del Congreso Nacional y se excusó de dar detalles sobre el posible desembolso de fondos frescos.
A través de la vocera Julie Kozack el organismo afirmó que es una decisión local y que depende del gobierno.
“Tener el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades tal como lo establece la legislación interna argentina”, precisó la portavoz en una conferencia de prensa que ofreció en Washington.
Por la mañana en una entrevista periodística el jefe de Gabinete, Guillermo Francos indicó que “la posibilidad de que sea aprobado por decreto no es real, porque el Fondo no lo permitiría ya que se requiere seguridad jurídica”, afirmó el jefe de Gabinete.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Francos dejó en claro que la resolución de un tema económico crucial para el gobierno quedó en manos del Poder Legislativo.
El presidente, Javier Milei, instó al Congreso a aprobar el acuerdo con el FMI durante su discurso en la Asamblea Legislativa, pero en las últimas horas se supo que no es su intención que se debate todo el programa.
El Poder Ejecutivo quiere que sólo se le de autorización para tomar una nueva deuda sin dar a conocer los detalles del nuevo programa, que comprometería la política económica por varios años.
De allí que el proyecto que se presentará intentará buscar atajos con este objetivo, lo cual sin dudas complicará las negociaciones.
La debilidad legislativa del oficialismo y el inicio de la campaña electoral son dos situaciones que influirán en el debate.